El lunes por la noche, un procedimiento ordenado por la Fiscalía de Instrucción de Jesús María concluyó con 41 agentes municipales detenidos por infracción al aislamiento social preventivo y obligatorio.
Los trabajadores se encontraban reunidos en la puerta del obrador en estado de asamblea y, según informó la Policía, les advirtió en dos oportunidades que debían romper esa protesta porque incumplía con el aislamiento dictado por el gobierno nacional.
La detención, como era de esperarse, fue resistida y el intercambio entre trabajadores y agentes policiales no estuvo exento de violencia. En medio, quedó flotando la idea de que el fiscal Ronan Sobejano -durante la semana en que reemplazó a Guillermo Monti- les había autorizado reunirse aunque manteniendo el distanciamiento y con el tapabocas puesto.
Al retornar Monti, cumplió con lo que les había prometido dos semanas atrás: los iba a detener y eso hizo.
El martes por la noche, sin embargo, se difundió un a-cuerdo rubricado ante el Ministerio de Trabajo por el cual se acordó la normalización de la prestación de los servicios y el pago de una suma no remunerativa, antes de una nueva instancia de diálogo prevista para el martes 26.
En el mientras tanto, los dirigentes sindicales Helvecia Aguirre y Roberto Rojas presentaron una denuncia ante la unidad judicial en contra del operativo sufrido el lunes por la noche y pidiendo que se investigue la relación que pudiesen tener con presuntos delitos formulados en la denuncia (hurto, daño, lesiones, privación ilegítima de la libertad) no sólo los agentes que concretaron el procedimiento sino también el jefe de la departamental, al fiscal Monti, y al intendente y al secretario de Gobierno jesusmariense. Pero hasta el 26, habrá un respiro acordado y sereno.
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