Hace exactamente un año, el fiscal de Instrucción Guillermo Monti le imputó la comisión de tres delitos de índole sexual a un joven mayor de edad con domicilio en Colonia Caroya y ordenó su traslado al penal de Bouwer.
la Fiscalía lo encontró sospechoso de haber cometido los delitos de “grooming child” o contacto con menores de edad para atentar contra su integridad sexual, coacción agravada por el anonimato, y la tenencia de material pornográfico infantil.
Los delitos fueron cometidos en contra de 14 mujeres de distintas edades, algunas de ellas muy pequeñas, de nuestra provincia pero también de otras provincias y de otros países, incluso.Pero en cuatro de esos casos, y después de una ardua investigación que debió oficiarse en otras provincias, el fiscal Monti decidió ampliarle la imputación a producción de pornografía infantil, y a uno de esos cuatro casos también le aplicó la figura del abuso sexual gravemente ultrajante continuado.
Es decir, la misma figura que se le imputó a Franco Carignano, el extecladista de Trulalá, quien fue condenado a 14 años de prisión, pese a que no mantuvo contacto físico con ninguna de sus víctimas.
El acusado de Caroya, que permanece en prisión preventiva, fue notificado de esta decisión unos días antes de que comience el aislamiento social preventivo y obligatorio.“El abuso sexual se produjo, pero a través de medios telemáticos. Vamos a refrendarnos en los motivos que se utilizaron para condenar a Franco Carignano, aunque los delitos se hayan cometido con diferencias”, explicaron fuentes de la Fiscalía.
Aberrante conducta
La metodología que utilizó el presunto autor de todos estos delitos fue similar a otras usuales: detrás de una ficticia agencia de modelos solicitaba videos a sus víctimas en ropa interior y, luego, ese video era utilizado para pedirles fotografías de ellas desnudas e, incluso, teniendo relaciones sexuales con sus novios.
La amenaza de hacer público el video original llevaba a las víctimas a ceder a esa extorsión. En el momento de la detención, se secuestró una computadora repleta de videos y fotografías pornográficas.
A Monti le llevó alrededor de un mes dar con el presunto autor de estos delitos y contó con la colaboración del área de Coordinación y Seguimiento de Cibercrimen de la Policía Judicial, del equipo de Delitos Informáticos de Policía Judicial y de la Brigada de Investigaciones del Departamento Colón de la Policía.Con lo compilado hasta ahora, el fiscal estaría en condiciones de elevar la causa a juicio, aunque tiene poco más de un año hasta que se venza la prisión preventiva.
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