Con una buena cantidad de dirigentes y colaboradores, arran-có el pasado martes la capacitación de carácter obligatorio que impuso el juez José Sartori al Festival de Doma y Folklore, como una medida preventiva y a raíz de una denuncia por un presunto delito contra la integridad sexual de una excolaboradora que denunció al presidente Nicolás Tottis.
“Al haberse producido una circunstancia que nos sorprende, he decidido la aplicación analógica de la Ley Micaela, a través de un taller de sensibilización y de perspectiva de género que es la posibilidad de brindar a nuestra propia comunidad herramientas y con capacitadores de nuestras propias instituciones para lograr que no vuelva a ocurrir ninguna situación reñida con los términos de la ley”, explicó el juez Sartori antes de comenzar la jornada del martes.
Paralelamente, dejó expresamente aclarado que esta medida no intenta levantar ningún juicio de valor respecto de la conducta que se le atribuye al presidente del Festival y que se investiga en la Fiscalía de Instrucción.
Florencia Strasorier, integrante de equipo que implementó la Ley Micaela en Colonia Caroya y que tuvo a su cargo este taller de sensibilización, explicó un poco los fundamentos de esta capacitación: “La Ley Micaela es una ley joven que recién este mes está cumpliendo un año. 2019 fue el año para ponerla en práctica y Colonia Caroya fue el primer municipio del país que la hizo obligatorio para sus trabajadores y trabajadoras”.
“La intención fue acercar a todas las personas nociones vinculadas al género, un tema del que se habla mucho pero se sabe poco, y a la violencia de género. Con una modalidad taller, muy participativa, vamos tocando distintos tópicos teóricos y hacemos la introducción al tema”, detalló la licenciada en comunicación.
Visita ilustre
Además de integrante del TSJ, Esther Caffure de Battistelli es la directora académica de la Oficina de la Mujer del Poder Judicial y decidió visitar Jesús María el pasado martes para acompañar el lanzamiento de la capacitación al Festival.“También -concluyó- es muy positivo que los destinatarios de la orden judicial la hayan aceptado tranquilamente. Es un reconocimiento de que hubo una situación que debe conocerse”.
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