Por: Diego Almada (Médico pediatra, director de Salud de la Municipalidad de Jesús María)La legalización del aborto expone una compleja realidad, nos interpela como sociedad, y desnuda ambivalencias argumentativas de múltiples orígenes y posicionamientos de índole biológico, científico, moral, antropológico, social y político; mientras tanto los abortos siguen ocurriendo con alarmante impacto.
Un documento de la OMS de 2017 asegura que se producen aproximadamente 25 millones al año, en condiciones no seguras y representan el 45 % del total mundial. Sin embargo, como casi la totalidad (97%) se realizan en países en vías de desarrollo de África, Asia y América Latina, insta a acrecentar los esfuerzos para garantizar la educación sexual integral desde temprana edad, la accesibilidad a los métodos de anticoncepción y la realización del aborto en condiciones seguras, en todos ellos.
Según la OPS se demostró la fuerte asociación que existe entre abortos inseguros y mortalidad materna. En Argentina el 20 % de las 55 muertes maternas de 2015 fueron por aborto inseguro y se internaron cerca de 45.000 por esta causa. De éstas, muchas sufrieron una complicación materna aguda grave con riesgo de vida. En tanto que, en países donde se legalizó la interrupción del embarazo, no hubo aumento significativo de las tasas, como en Uruguay donde un documento de la FIGO demostró que las tasas de aborto se estabilizaron desde la implementación de la ley en 2013. Además de que, con esta norma, se redujo el 59% la tasa de mortalidad materna, siendo hoy el segundo país de América con menor mortalidad materna después de Canadá, donde, por cierto, también es legal. En otras palabras, si se prohíbe 3 de cada 4 abortos ponen en riesgo la vida de la mujer; si no se prohíbe, solo 1 de cada 10 estará en riesgo.“Hay mujeres que deciden abortar independientemente de que haya o no garantía institucional y la diferencia se sustancia en las condiciones en que lo realizarán”.
Esto evidencia una importante inequidad, que condena sin atenuantes. Generando una “profunda asimetría social” y poniendo en riesgo la vida de las mujeres que viven en situación de pobreza, por inaccesibilidad a todas las posibilidades de prevención que la preceden.Así la interrupción voluntaria del embarazo representa, un recurso extremo para la gran mayoría de las mujeres y, sin dudas, uno de los fracasos sociales más dolorosos por su condición de resultado anunciado; en el que las propiedades conmutativas de la educación, la economía, la salud y la política no han podido alterarlo.
El aborto inseguro se instituye como una deuda social enorme en la que el estado, no pudo garantizar la preservación de la salud integral de las personas y continúa penalizando la vulnerabilidad social, económica y cultural de las mujeres.
El peso de nuestra cultura distorsiona sistemáticamente los conflictos, acentuando aspectos de orden moral, religioso e ideológico que desvían el foco de atención necesario para la implementación de políticas públicas efectivas. Con más razón hoy, tras el advenimiento del big-data que proporciona en tiempo real a los decisores políticos, cuánta adherencia o rechazo van a tener con su posicionamiento.
Desde el inicio de la democracia venimos pagando un alto precio por el ejercicio de ciudadanía, construyendo enemigos con falsas antinomias, intentando, por ejemplo, demonizar la ley del divorcio, la del matrimonio igualitario, la de diversidad de género y la de la educación sexual integral, que, promulgada en 2006, aún hoy no se instrumenta, ni siquiera en la mayoría de las escuelas laicas públicas, o depende de la voluntad de alguno de sus docentes comprometidos con la realidad. Es decir, nos situamos en la hipocresía de la doble moral y con necedad, aborrecemos el aborto, pero también, la educación sexual integral y que les hablemos a los chicos y adolescentes del uso del “forro”, no sea cosa que los alentemos a tener relaciones sexuales.Estas “barreras de acceso” a la prevención, ponen en evidencia esta crónica incuestionablemente anunciada. En Córdoba, por ejemplo, las políticas restrictivas han impedido la mayoría de las veces, realizar el protocolo de aborto no punible por una medida cautelar, a pesar de que la ley tiene una vigencia de más de 10 años, además de las trabas burocráticas para acceder a métodos de contracepción quirúrgica en el ámbito público, ni hablar si se trata de una mujer pobre y del interior.
Independientemente de consideraciones individuales y de criterios de discusión metafísica sobre la concepción del inicio de la vida humana y de la asignación de principios bioeticistas sobre la pugna de los derechos humanos, es la política, aquella ciencia imperfecta y dinámica, que en este caso está destinada a dirimir la moralidad del aborto y sus consecuencias. Y en ese sentido, a establecer consensos democráticos normativos, de orden público e inclusivos, basados en el respeto de las voluntades individuales, tanto para quienes están a favor como los que están en contra. De aprobarse la ley, su instrumentación representará el mayor desafío para lo cual, volviendo a las propiedades de la matemática, debemos asignarles valores supremos a todos los factores intervinientes, de lo contrario seguiremos obteniendo los mismos resultados.
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