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| Imagen ilustrativa |
Madrugada del 15 de enero de 2012. Franco Samuel Farías filmaba con su teléfono un operativo de “barrido” de la Policía con el que estaban propinando una golpiza a un joven en la zona de la Terminal. El joven comunicador había estado en el Festival de Doma con un amigo y se aprestaba a volver a su casa en San José de la Dormida.
Un agente de civil increpó a Farías por esa filmación y lo trasladó a la comisaría donde fue maltratado y obligado a borrar el video. Permaneció nueve horas detenido, sin poder avisarle a sus padres, y bajo el cargo de que estaba en estado de ebriedad.
Su indignación lo llevó a denunciar estos atropellos ante del Tribunal de Conducta Policial, la semana después de su detención arbitraria. El entonces fiscal José Raúl Almeida inició una causa de oficio al anoticiarse por los medios del escándalo.
Seis años después del hecho, finalmente la causa se elevó a juicio con dos imputados: Germán Pereyra y Ricardo Presidente, a quienes se les imputo la presunción de haber cometido los delitos de coacción, sustracción y adulteración de documentos públicos, y privación ilegítima de la libertad.
“Hay varias cosas por las que se tiene que hacer Justicia. Primero porque no pueden coartar la libertad de expresión ni el trabajo de los periodistas y este documento (la filmación) era muy valioso si se hubiese podido salvar. Segundo porque desaprecieron y borraron documentación y nos podrían haber hecho cualquier cosa. Por último, tuve la suerte de que me escucharan porque soy periodista, pero no todos tienen esa ventaja”, concluyó Farías.
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