En los debates previos a la elección que depositó a Gustavo Brandán en la intendencia de Colonia Caroya, el actual mandatario fue claro respecto de su posición: estaba a favor de la reelección y consideraba restrictiva la disposición de la carta magna de la ciudad que impedía la postulación consecutiva.
¡Ojo! También estuvieron de acuerdo los entonces candidatos Ruben Fantini (UCR), Sergio Aguirre (PRO), y Anselmo Sella (Encuentro Caroyense) con la reelección.
¿Por qué ahora? Lógicamente (desde la lógica de la política) Brandán quiso esperar la evolución de su mandato antes de ver si era conveniente proponer o no la enmienda a la Carta Orgánica que, por otra parte, solamente se puede enmendar cada cinco años y solamente en dos artículos. Para una modificación de fondo, es necesario llamar a una convención constituyente.
Luis Grión no hizo uso -durante 2013- de la primera posibilidad para enmendar la Carta Orgánica vigente desde 2008. La segunda chance, precisamente, es durante este año 2018 y justo una década después de la sanción de la carta magna de la ciudad.
Cómo funciona
Al no tratarse de una modificación de fondo, el mecanismo de la enmienda permite que la redacción de las modificaciones sea tratada por el Concejo Deliberante y, en este caso, elevada por el Departamento Ejecutivo.
Si el proyecto se aprueba por mayoría, el Concejo debe llamar a un referéndum público que se vota en día domingo y es obligatorio para los vecinos. Debe concurrir cuando menos el 50 por ciento del padrón electoral y, de ese porcentaje, la mitad más uno tiene que avalar la consulta que solamente admite sí o no.
“Acá, el pueblo tiene la última palabra. Cada uno hará campaña por el sí o por el no y lo hará en el ámbito que establece la democracia. Creo que es muy interesante el debate que se va a dar y es el mejor procedimiento que puede existir porque no hay acuerdos políticos ni el pueblo queda de espaldas. Acá se redacta y se vota. Y aceptaremos lo que la gente diga”, expresó Brandán sobre su propuesta.
La segunda enmienda propone la creación del Fondo del Progreso que supone que, como mínimo, que el 30% de los ingresos municipales de cada año se destine a inversiones en obras, servicios y equipamiento, pero que sean los Centros Vecinales y el Consejo de Planificación Estratégica quienes decidan las inversiones prioritarias de cada año.
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