Cuando ingresó el proyecto para tratar el Código de Participación Democrática dentro del seno del Concejo Deliberante de Colonia Caroya, el pasado 21 de marzo, pensamos que realmente había una intención del oficialismo de someterlo a una discusión amplia y profunda.
Pero a poco de someterlo a discusión, desde nuestro bloque de la Unión Cívica Radical notamos que tal voluntad no existía. ¿Por qué? Porque se trató más bien de un trámite exprés y con pocas reuniones de comisión.
Ni bien recibimos el proyecto, decidimos pedirle asesoramiento al abogado constitucionalista Antonio María Hernández porque sabíamos de la importancia que tiene un “código” que implicaba ordenar un montón de institutos de participación ciudadana, dentro de un orden legal que establezca la prelación de ley y que sea práctico para el vecino, para que se pueda realmente implementar.
Ni siquiera tuvimos la posibilidad de recibir el dictamen de nuestro asesor y se vino un debate que, desde nuestro punto de vista, fue hecho a las apuradas y que no nos permitió enriquecerlo.
En su lugar, fueron derogadas siete ordenanzas que, el 90 por ciento de ellas, habían sido aprobadas durante las dos gestiones del radicalismo que precedieron a la gestión actual.
También vimos que dejaron afuera al Consejo de Centros Vecinales y a la Oficina de Reclamos. Paralelamente, crearon la figura del Veedor Ciudadano que podría entrar en contraposición con el principio del secreto fiscal (Ley 11.683) y con los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional sino se reglamenta adecuadamente (y todavía no ha sido reglamentada).
Creemos que se trabajó a presión porque bajó una orden del Ejecutivo de que se debía aprobar en una sóla sesión, sesión de la que nos fuimos con la sensación de que, en su mayor parte, había sido un copy and paste de la Carta Orgánica.
No entendíamos el apuro, teniendo en cuenta de que había ordenanzas que ya regulaban la mayoría de los instituto de participación ciudadana, como la Banca de Ciudadano, el Consejo de Vecinos, y la Asamblea Ciudadana. Nos fuimos con el convencimiento de que este Código, aprobado así, era en realidad un resquicio legal para lo que podría ser en un futuro mediato la reforma de la Carta Orgánica. Nos fuimos convencidos de que no había tal intención de ampliar la nómina de posibilidades de participación sino amoldarla a una necesidad del gobierno de turno.
Desde el bloque del radicalismo sólo vemos en este Código la intencionalidad manifiesta de utilizar los recursos del Código para habilitar la pronta reforma de la Carta Orgánica, especialmente en el apartado que hoy impide la reelección.
Tenemos la seguridad de que el apuro se dio porque estamos en la previa de un año electoral y el oficialismo no tiene un candidato claro o tiene deficiencias para encontrar a un sucesor.
A través de algunos de los mecanismos de participación van a terminar forzando una modificación de la Carta Orgánica que, en su articulado, tiene establecido que para lograr una “enmienda” el oficialismo tiene que lograr una mayoría agravada. Ojalá que no subestimen al ciudadano.
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