Por: Marianela Tabbia (De nuestra redacción)
Autoridades caroyenses junto al bioquímico Fernando Manera brindaron detalles sobre un trabajo realizado a fines del año y principios de éste. El objetivo fue analizar el agua para consumo y la obtenida a partir de precipitaciones.
El punto de partida fue saber si existen o no plaguicidas que contaminen el líquido vital. Muchas veces se sospechó que el uso de ciertos productos fitosanitarios en los cultivos, al ser volátiles, pueden llegar a otras superficies a través de las lluvias.
En numerosas oportunidades, productores de la zona plantearon sus dudas al notar afecciones en la vid, cuestión que se vió materializada en el reclamo llevado adelante por diversos sectores para establecer un período ventana en las aplicaciones.
En agosto de 2016, el ministro de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso, firmó en Bodega La Caroyense la resolución que prohíbe el uso del herbicida 2,4 D desde el 1 de agosto al 31 de marzo de cada año. La medida trajo alivio a los emprendedores mientras subsistían algunos temores.
Basándose en esas inquietudes es que el exsubsecretario de Salud y Prevención Comunitaria llevó adelante un estudio que consistió en la toma de tres muestras de las primeras lluvias de la temporada 2016-2017.
Las fechas fueron el 29 de septiembre, 4 de octubre y 4 de enero, todas ubicadas en el lote 7C en una casa que colinda a varios campos. La elección de los momentos de recolección se basó en las coincidencias con el comienzo y la máxima aplicación de plaguicidas.
Todas las recolecciones se enviaron al laboratorio Greenlab de Rosario. Las técnicas empleadas permitían detectar la presencia de los productos hasta 0,01mg/litro. Los fitosanitarios analizados fueron 2,4 D, dicamba, piclorán y glifosato, con resultados negativos, es decir, no se encontraron restos. Aunque el glifosato no es volátil y, por ende, las posibilidades de encontrarlo es muy difícil, igualmente se lo incluyó dentro del estudio.
Manera afirmó que si bien no es un estudio científico riguroso, permite llevar tranquilidad a los vecinos. Para establecer un mayor control del uso de agroquímicos en la ciudad y las posibles consecuencias, el bioquímico aseguró que deben realizarse controles periódicos para establecer patrones que permitan tomar las medidas correspondientes. Desde su rol de asesor externo del municipio luego de su jubilación, el especialista confirmó que los estudios se repetirán una vez al año.
Por ordenanza
Por otra parte, el trabajo también incluyó dos muestras del agua potable que distribuye la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María. El origen de las captaciones fueron el Canal Huergo, primera fuente de abastecimiento que tuvo la ciudad y una perforación que oscila entre 180 – 270 metros de profundidad.
El canal llega a la ciudad por superficie haciéndolo más propenso a la contaminación a diferencia de la perforación subterránea que mantiene el agua más pura. En la actualidad por el crecimiento poblacional, el abastecimiento depende en su mayoría de los pozos dejando un pequeño porcentaje al acueducto.
En las muestras se llevaron a cabo análisis físico químicos además de un examen de los pesticidas más comunes. A diferencia de la técnica utilizada en las aguas de lluvia, en este caso se aplicaron parámetros exhaustivos que permitían reconocer la presencia de contaminantes en un porcentaje de 0,01ug/por billón.
Los números que arrojaron fueron positivos ya que de los 147 pesticidas estudiados, las muestras dieron por debajo del límite de detección. En otras palabras, el agua de la red domiciliaria no presenta químicos ya sea artificiales (agroquímicos) y naturales (arsénico).
Tanto la ley provincial como el Código Alimentario Argentino (CAA) establecen los límites de plaguicidas presentes en el agua que son seguros para el consumo humano. La cooperativa posee mecanismos de control propios para asegurar la calidad que son monitoreados por Aguas Cordobesas.
Desde 2005, en una ordenanza el municipio caroyense estableció la obligación de ejecutar inspecciones regulares al servicio concesionado. Luego de varios años, se volvió a implementar esta normativa.
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