Cada vez es más frecuente toparse con bienes del Estado, tanto muebles como inmuebles, en los que se estampa un stiker con la leyenda “gestión intendente xxx” como si ese bien hubiese sido adquirido con el pecunio particular de un intendente específico y no con los dineros que todos los ciudadanos aportamos a través de tasas e impuestos para que las arcas municipales cuenten con recursos.
Por ese motivo, y siguiendo el ejemplo de otros proyectos de ley presentados en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Salta, es que los concejales de Jesús María, Colonia Caroya, y Sinsacate vienen presentando un proyecto de ordenanza que limitaría al intendente de turno y a su partido o alianza de partidos estampar su nombre en cualquier bien que sea de propiedad municipal.
Los argumentos para sostener esa limitación son realmente sólidos: En primer término que los bienes públicos son pagados por toda la comunidad y que, por lo tanto, no deberían llevar el nombre personal de nadie, independientemente del espacio político al que represente.
También que en muchos municipios del país y en particular de la provincia de Córdoba resulta ser una práctica habitual que atenta contra la ética pública
Además, no se puede permitir la promoción personalista de una figura política con recursos del Estado a través de los actos de gobierno
Asimismo, se señala que la institucionalidad debe respetarse y funcionar a pleno, evitando que se confunda el accionar del Estado con el de una persona en particular
Otro argumento es que resulta necesario poner límites a los funcionarios que, abusándose del poder que les confirió el voto popular, llevan a cabo campañas desde y con los fondos del Estado, con el fin de promocionarse y exaltar su imagen.
Y, finalmente, que es imperioso garantizar los valores republicanos a los que adhiere la Constitución Nacional, como así también la Ley Nacional de Ética de la Función Pública que es la 25.188.
El proyecto que tendrá tratamiento legislativo en nuestra zona consta de 5 artículos y en el primero de ellos prohíbe la exhibición o utilización de nombres y apellidos, iniciales, imágenes y símbolos, apodos o referencias personales, de funcionarios, agrupaciones o partidos políticos en edificios públicos, monumentos, paseos, plazas, o cualquier otro espacio público; en vehículos, maquinarias y carteles de obra. O en la designación de programas o planes y actos de gobierno.
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