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| Foto Gentileza La Voz del Interior |
Por: Leonardo Rossi (De nuestra redacción)
Un nuevo episodio del conflicto por la implementación del Programa de Asistencia lntegral Córdoba (PAICOR) se dio esta semana. El lunes un grupo de legisladores radicales presentó un pedido de informes sobre la masiva desafectación de beneficiarios a la Defensora de los Niños, Amelia López, y le exigió respuesta en un plazo no mayor a quince días. “Pusieron un monto de corte de 7.000 pesos para una familia tipo, ¿quién mantiene la comida de dos chicos con eso?”, se quejó el legislador Carlos Ciprián.
Los números hablan
Ciprián se convirtió en un activo militante de esta causa. Desde su lugar en la unicameral realizó diversas acciones para que se reincorporen a niñas y niños excluidos del Paicor este 2016. El ex intendente de Sinsacate había presentado una iniciativa en ese sentido en la Legislatura provincia que fue congelada por el oficialismo. “Propusimos el acceso universal al Paicor sin éxito. Tienen mayoría y la decisión del Ejecutivo de manejar así este programa”, lamentó.
En un nuevo intento impulsó esta presentación ante la Defensora de los Niños.
La carta presentada indica que el padrón de beneficiarios del PAICOR “viene recibiendo recortes sistemáticos en los últimos años sin justificativo alguno” y según datos oficiales “se pasó de un padrón de 246 mil beneficiarios a 180 mil para 2016, situación que se ha agravado en el inicio del presente ciclo lectivo”.
Los legisladores le plantean a la funcionaria que el monto de 7.000 pesos que fijó la Provincia como ingresó familiar que posibilita prescindir del Paicor “es absolutamente insuficiente e irrisorio”. “Vos podés ganar ese monto por mes ¿pero cómo hacés para darle de comer a dos o tres chicos?”, dijo indignado el representante del Departamento Totoral.
“Según informes que han sido difundidos en los últimos días nuestro país experimenta un preocupante proceso de infantilización de la pobreza y nuestra provincia no es ajena. En Córdoba 48 por ciento de los niños son pobres”, denuncia.
Y agregan que “organismos como CIPPES dan cuenta que el costo de la canasta básica total para el mes de marzo de 2016 se situaba en la suma de 8.827 pesos”.
El caso local
Ciprián aclaró que Amelia López “ya había actuado de oficio haciendo un pedido de informes a la Secretaría de Gobierno” acerca de esta problemática. Ahora “pedimos que esto se resuelva en quince días y solicitamos que se visitaran las escuelas en el territorio, para que observen todas las cuestiones que no se contemplaron”.
Para el legislador “para compensar este gran error, la Provincia debiera al menos empezar a trabajar con el padrón que estaba en noviembre de 2015”.
Sin demasiado optimismo, Ciprián cree que “el Gobierno no parece querer dar marcha atrás”, pero aclaró que “se seguirá dando la pelea”. Otra medida que reclama es que “se hable con las directoras y directores de escuela, que son quienes conocer la necesidad de cada familia en los pueblos”.
En esa línea Ciprián acompañó los reclamos desde la escuela Coronel Pringles y la secundaria de su pueblo, Sinsacate. El ex intendente da el ejemplo de esa unidad escolar donde “se impulsó la jornada extendida desde la Provincia y ahora se les quita el alimento, en una escuela donde no hay cantina y la mayoría de los chicos viven en zonas alejadas”.
En tanto en la primaria, “quedan unos setenta chicos dentro y 45 afuera del Paicor” situación que se viene mitigando “con esfuerzo de los padres y del municipio, pero que realmente se torna dificultosa”, aclaró la madre de una alumna y abogada Gabriela Mira. “Ya van dos meses de conflicto y desde la Provincia nos siguen pidiendo documentación, y nos prometieron venir a la escuela a analizar los casos. Tenemos cuatro situaciones de hermanos en lo que uno fue incluido y el otro no”, dejó plasmado Mira para dimensionar los errores de gestión. “Veremos si hay respuesta inmediata o apelaremos a la instancia judicial”, planteó la titular del Colegio de Abogados de Jesús María.
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