No estamos tan lejos de la denuncia que se realizó en 2014 contra un puñado de bancos por evasión impositiva y fuga de capitales. No estamos lejos de la denuncia que formuló un exdirectivo de la banca Morgan, Hernán Arbizu, cuando afirmó que al menos unos 60 bancos privados en la Argentina se dedicaban a fugar dinero del país y que lo hacían a través de casas de cambio.
El BBVA, el Citibank, el HSBC, el Credit Suisse, el UBS, Barclays y Merril Lynch figuraban en ese listado de bancos que ayudaban a ciudadanos argentinos de a pie a fugar capitales a paraísos fiscales. Uno podría haber pensado que en ese listado figuraban decenas o centenas de políticos argentinos, pero una puntillosa investigación demostró que no, que los políticos representaban un universo ínfimo de los fugadores de capitales.
Claramente, no sirve de consuelo pensar en que los ciudadanos comunes son tan atorrantes como algunos políticos. Lo realmente valioso sería que la Justicia logre identificarlos, y castigarlos con todo el peso de la ley, aunque ese peso sólo signifique que tengan que pagar los impuestos que les corresponden.
La coima, el incentivo, no opera de modo unilateral. El picaporte de esa puerta funciona de los dos lados. Alguien lo propone y otro acepta esa regla de juego. El político que pide coima o el empresario que la ofrece son las dos caras de la misma moneda.Lo que no podemos hacer, bajo ningún punto de vista, es tomar a la corrupción como regla de juego, como algo inevitable, como un fenómeno igual a los de la naturaleza que no se pueden evitar ni detener.
La corrupción menemista, la de la Alianza, la del duhaldismo, la del kirchnerismo, o la del macrismo (en caso de que todas esas variantes hayan existido. Este editor tiende a pensar que sí) son igualmente nocivas para un país que necesita proyectarse al futuro con obras de infraestructura y de inclusión.
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