Recientemente, en la causa que 70 vecinos de Jesús María iniciaron contra el gobierno de Córdoba, declararon tres peritos técnicos en calidad de testigos y cuyo testimonio reforzó la postura de los amparistas.
“Nosotros ya no somos comechingones, no somos más nómades, somos sedentarios y vivimos en terrenos que han sido habilitados por el municipio y la provincia y donde tenemos nuestra propiedad. Más allá de que suene una alerta para advertirnos que viene una creciente, tenemos que estar seguros en nuestra propiedad y eso se va a lograr el día en que las obras estén finalizadas”, comenzó diciendo Luis Pastawski, uno de los firmantes del primer amparo ambiental colectivo que se inició en nuestra región.
Los dichos tienen relación directa con lo que declararon, recientemente, los peritos Osvaldo Barbeito (geólogo), Marcela Roig (arquitecta con maestría en paisajismo) y David Torre (ingeniero agrónomo especialista en conservación de suelos). Para estos técnicos, las obras realizadas en la reconstrucción pos inundaciones representan la cuarta parte de lo que se necesitaría, siguen haciendo falta obras en la cuenca media (microembalses), hay que regular el uso de suelo en la cuenca media, y canalizar -vía gaviones u otros métodos- todo el ejido de Jesús María.
Vecinos con reservas
Gerardo Guirado, vecino de Alto Los Molinos y amparista, añadió: “Con el amparo se logró que se hicieran obras que no se iban a iniciar y se iniciaron porque las ordena la Justicia. El problema es que no funcionan otros controles como en los desarrollos inmobiliarios no autorizados que perjudican la situación o en el cambio que se necesitan en determinadas prácticas agrícolas en la cuenca media”.
Álvaro Vucovich, abogado patrocinante de los vecinos, fue mucho más explícito sobre este tema: “No se pueden seguir autorizando loteos en zonas inundables porque son zonas de riesgo. Hasta que no se hagan las obras de protección completas, no debieran autorizar nada en las inmediaciones del río”.La referencia es para un loteo que está cerca de la cantera de la familia Boezio, que no tiene habilitación municipal, tampoco autorización de Recursos Hídricos, pero que sin embargo tiene un cartel y ya se está comercializando. Los compradores de buena fe podrían comprometer a la adminitración si llega a aprobar ese loteo sin garantías y llegase a ocurrir otro desastre.
“La superficie donde se hicieron obras de mitigación equivalen al 25 por ciento. Por ejemplo, los 18 microembalses que se ejecutaron equivalen al 25 por ciento de la cuenca y hacen falta muchos más”, añadió Vucovich.
Previsión versus reparación
David Torre, en 2010, presentó un ambicioso proyecto de protección integral que iba a costar 25 millones de pesos. No se consiguió financiación. Después, vendría la caída del expuente Centenario y la muerte de remisero Arturo Maturano, la erosión de riberas del verano 2014, y que culminaría con la destrucción que trajo aparejada la creciente del 15 de febrero de 2015 y la del 3 de marzo. Hasta ahora, en una reconstrucción parcial se invirtieron $ 36 millones. Con $ 25 millones, hace seis años, hubiésemos estado mejor preparados. Ésa es la posición de los amparistas: señalar al gobierno que omitieron obras que nos trajeron un enorme perjuicio.
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