Que un juez y un funcionario judicial sean investigados por la Justicia por la presunta comisión de un delito entraña un peligro: que pierdan autoridad moral mientras se sustancian sus procesos.
Y que sigan en el ejercicio de sus funciones es un derecho que les asiste. Hasta tanto no sean declarados culpables, no se puede quitarles sus atribuciones. Pero esa situación repercute en el todos los días del funcionamiento de los Tribunales, sin ninguna duda.
Y, en Jesús María, la maraña del funcionamiento de los Tribunales es tan compleja que cuesta desentrañarla. La complejidad arrancó cuando la familia de María José Urbaneja, la joven de Villa del Totoral asesinada salvajemente por su expareja, decidió pedir investigación penal contra el juez José Sartori y la secretaria de Violencia Familiar, Liliana de las Mercedes Tarragona. El caso es defendido por el abogado Carlos Nayi quien, en apariencia, tiene un asunto pendiente con Sartori desde que éste era secretario en otro juzgado y en otra jurisdicción. Corre la firme versión de que este es un “ajuste de cuentas” judicial.
A Sartori la salud le jugó una mala pasada -tuvo un infarto de miocardio- y estuvo alejado de los Tribunales más de un año. Recién regresó este año, a principios de marzo. En su juzgado, las causas llevan un atraso mínimo de dos años, según señalaron fuentes bien informadas.
Aunque se creó un segundo juzgado multifuero, a través de ley provincial, un error en la confección del decreto viene postergando el nombramiento y la puesta en funciones de la nueva jueza. Ese juzgado aliviaría la situación actual, pero sigue sin funcionar.
Esta semana, se oficializó que la secretaria de Violencia Familia, Liliana Tarragona, fue imputada por un hurto simple, tras intentar retirarse de un local de un shopping sin pagar unos maquillajes. Ahora está de licencia, pero su Secretaría recibe alrededor de 15 denuncias diarias de violencia familiar y son situaciones que no admiten demoras ni errores.
La conmoción que ha generado el tema tiene que ver con el cariño, el respeto y la admiración que tienen en el fuero local por el juez de Control, Oscar Patat, pareja desde hace muchos años de Tarragona.
Entre la necesidad de repudiar lo repudiable (que un funcionario judicial sea investigado por presunta comisión de delitos) y de no dañar a un juez de probada honestidad como Patat vienen debatiendo quienes trabajan a diario en Tribunales.
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