Inundaciones: la Justicia admitió el amparo ambiental

Foto Gentileza Nicolás Luque

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Segunda Nominación hizo lugar al pedido de un grupo de vecinos de Jesús María que, a través de un amparo ambiental, persiguen que se obligue a la Provincia a realizar obras de remediación y de prevención.

A través de un decreto del Vocal de  Cámara, Humberto Rodolfo Sánchez Gavier, y de la secretaria Letrada de Cámara, Susana Beatriz Osella, se emplazó al gobierno de Córdoba para que comparezca y se defienda de las acusaciones que le formularon los vecinos de Jesús María: que hubo inacción, omisión, e incumplimiento de sus obligaciones como responsable del resguardo de la integridad de la cuenca del río Guanusacate y sus afluentes.
 Admitir la acción de amparo significa que, en principio, el juez inició el proceso y va a preguntar a la provincia qué obras hizo o cuáles va a hacer en la cuenca del río Guanusacate, pero si considera que no cumplió ni cumplirá puede exigirle que las realice.
Es un proceso que tiene las mismas características que un juicio: pruebas, testigos, pericias técnicas, audiencias de conciliación, y hasta sentencia si hiciese falta. El antecedente más notorio de este tipo de amparo es el conocido como caso Mendoza que disparó el saneamiento integral de a cuenca del arroyo Matanza-Riachuelo que atraviesa 64 kilómetros y 14 municipios a lo largo de su recorrido.
“Los vecinos y habitantes de la ciudad estamos desamparados, mirando al cielo y rogando que no vuelvan a producirse precipitaciones, lo que resulta inadmisible, pues es la demandada quien tiene la obligación legal de proteger el medioambiente y poblaciones de los daños causados por las aguas sobre las que es el único que tiene competencia y jurisdicción”, señalaron en el texto del amparo alrededor de 70 vecinos que prestaron su firma y conformidad para aparecer como querellantes contra la provincia.
Pero no se trata de una solicitud de indemnización específica sobre algún particular sino de una presentación colectiva que busca un beneficio para el resto de la comunidad. La iniciativa, sin duda alguna, es inédita para nuestra zona y muy original.

Foto Gentileza Nicolás Luque

Álvaro Vucovich, el abogado patrocinante de los litigantes jesusmarienses, analizó el paso que permitió la Justicia de Córdoba: “Incluso antes de esta (reciente) inundación, el año pasado, estábamos analizando la posibilidad de realizar el amparo. Consideramos que no era el momento, que a lo mejor la vía política, la vía administrativa, la vía de la petición era suficiente, pero vimos que la omisión siguió y que los daños se produjeron y se veían venir. No se puede esperar más. Hay una cuestión de sumo peligro y está sobre la ciudad, no sabemos si cuando termine esta temporada (de lluvias) o con la siguiente”.
Y añadió: “Lo notorio de este amparo es que no busca indemnizaciones porque esos son juicios que deberán hacer y decidir aquellas personas que se consideren damnificadas y que deben plantearlo por otra vía y en forma individual. Esto es colectivo y buscando la prevención, que no se vuelva a producir una vulneración a los derechos constitucionales de tercera generación como son los  ambientales. Busca prevenir que se produzcan nuevos daños en la ciudad. Obviamente, al ser el ambiente un bien de todos, todos lo pueden defender y cualquier obra que se realice en su protección beneficia al conjunto”.
El abogado consideró que este amparo contribuirá también a las gestiones que la actual gestión municipal viene realizando ante los gobiernos centrales. Ayudará a que los fondos vengan y las obras se realicen. Corre en forma paralela a los reclamos de las autoridades municipales.
“Lo que correspondería a un gobierno que busca el bien común es no forzar a los ciudadanos a seguir con un trámite judicial que se podría evitar realizando las obras que se tienen que realizar”, consideró Vucovich.

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