Antes de desarrollar la información, resulta conveniente aclarar algunas cuestiones. La primera de ellas es que hubo una ruptura en la línea de diálogo entre el departamento Ejecutivo y los tribunos Sebastián Decanini y Griselda Martinengo, pese a que fueron juntos en la boleta electoral que los depositó en el municipio en 2011. Se ignoran las razones, pero vienen enfrentados desde hace, cuando menos, un año.
En segundo término, no es la primera vez que los tribunos en pleno, incluyendo a Daniel Martínez (de la oposición), le solicitan al Ejecutivo un apego absoluto a la normativa vigente y que cuestionan la manera en que se resolvieron algunos conflictos administrativos.
Dicho esto, no extrañará, entonces, saber que los tribunos convocaron a conferencia de prensa esta semana para hacer saber su malestar por dos cuestiones: el recorte del presupuesto del Tribunal en 88 mil pesos, y la falta de resolución sobre seis órdenes de compra de este año y por la manera en que se resolvió el pago de tres órdenes de compra del año anterior.
Sobre el tema del recorte, el presidente del cuerpo, Sebastián Decanini, manifestó: “Entiendo que tiene que tratarse de un error. No quiero pensar que sea una cuestión de un apriete o algo así. Lo que entiendo es que se trata de un error que el Ejecutivo tendrá que reveer y volver atrás en sus pasos”.
En los tres años que lleva la gestión, nunca se había dado una discusión sobre el tema de una reducción presupuestaria. “No tienen facultad para hacerlo. Hemos enviado sendas notas al Ejecutivo y al Concejo manifestando que se dio este error, pero no se nos comunicó nada todavía. El Tribunal de Cuentas es un organismo autónomo y no podemos dejar sentado un precedente que permita algún tipo de recorte en el funcionamiento del cuerpo”, cerró Decanini.
Respecto de la supuesta “ilegalidad” en seis órdenes de pago de este año y tres del anterior (que se pagaron a través de un decreto de insistencia con acuerdo de secretarios), el tribuno Martínez señaló: “Fundamentalmente, queríamos ponerles en claro a los proveedores que el Tribunal de Cuentas es un organismo de contralor y no es un organismo de pago, de modo que ningún pago se frena porque nosotros hayamos observado algo. El Ejecutivo tiene los mecanismos para pagar solamente que se tiene que hacer responsable sobre los mecanismos que usa y no pretender que emitamos una opinión que se contravenga con las disposiciones legales”.
Entre los pagos cuestionados se encuentran los realizados para la adquisición de los 20 bancos de la plaza Pío León y la fuente para el mismo espacio público por casi 300 mil pesos y que se pagaron con decreto por insistencia con acuerdo de secretarios. Sobre esas tres órdenes de pago, el Concejo Deliberante resolvió esta semana considerarlas irregulares a las tres órdenes de pago y pidió que se abra una investigación administrativa para dilucidar las responsabilidades.También están observados seis órdenes de pago por un valor cercano a los 169 mil pesos de los cuales la erogación más importante fue la realizada en la construcción de un vado sobre el río.
“Si sobre 18.700 órdenes de pago que realizamos en estos tres años han observado 12, debo felicitar entonces a mi secretario de Hacienda. Antes de hablar de ilegalidad, preferiría que los tribunos hablen de errores administrativos que sí podemos cometer porque somos humanos”, replicó el intendente Gabriel Frizza sobre las acusaciones. Y añadió: “El Tribunal es autónomo en sus decisiones no en cuanto a la ejecución del presupuesto que no es de ellos sino de la Municipalidad. Y el procedimiento para aprobar el recorte siguió todo el requerimiento legal vigente”.
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