Por: Leonardo Rossi (De nuestra redacción)
“Se recomienda la preservación de toda la zona circundante a la obra de captación en el vado de Candonga” y no se sugiere “la urbanización de manera absoluta, hasta tanto se realicen las investigaciones del caso”, señala un reciente informe del Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). La investigación propone realizar un reordenamiento para reducir el impacto de un proyecto urbanístico en inmediaciones de la Capilla de Candonga, y suma un nuevo capítulo al reclamo de los vecinos de Sierras Chicas para que se frene este emprendimiento.
El estudio fue realizado a pedido de la Asamblea de Vecinos del Chavascate quienes a partir del avance inmobiliario temen ver resentido el abastecimiento y calidad del agua en la región, que incluye al río Carnero. El proyecto cuestionado por vecinos de Agua de Oro, Cerro Azul y El Manzano corresponde a la firma Ticupil, que tiene aprobación de la Provincia para desarrollar su emprendimiento, y también cuenta con el aval de una medida judicial tomada por el juez José Sartori de los tribunales de Jesús María.
El informe del ISEA, encabezado por la ingeniera agrónoma Alicia Barchuk, advierte que “el acceso de la población al agua puede comprometerse severamente si no se restringe la deforestación y la urbanización descontrolada”. Según los datos recabados “la deforestación de toda la cuenca alcanza una tasa anual del 0,5 por ciento, mientras que el incremento de uso urbano-agrícola, un 2 por ciento anual”, un “valor altamente significativo”.
El proyecto de Ticupil fue localizado en una zona roja, es decir de alto valor de conservación del bosque nativo, que no debiera ser intervenida, según determina la ley provincial 9.814. Esta contradicción con la norma no fue tenida en cuenta por la Secretaría de Ambiente provincial a la hora de aprobar la propuesta. La decisión gubernamental fue cuestionada por la asamblea de vecinos que denunció penalmente al ex titular de esa cartera Raúl Costa.
Cuidar el bosque

“La factibilidad de cambio de uso del suelo depende de la decisión de recuperar 50, 100 o 250 metros de bordes de bosques nativos. La reducción del emprendimiento implicaría plantear un rediseño con los parches bosque existentes y su recuperación, además de la problemática de la recarga y cercanía a la toma de agua.” En la zona de Ticupil, señalan los investigadores de la UNC, “considerando el área ya afectada por calles, el 25 por ciento es zona roja, el 50 por ciento es zona amarilla y el 25 por ciento restante se puede hacer cambio de uso del suelo”.
Agua para quién

Ante este cuadro, que tiene en cuenta no sólo el volumen de agua que puede suministrarse con esa toma sino también la posible contaminación que implica urbanizar sus alrededores, el ISEA concluye que “es esencial que mediante un ordenamiento territorial se limite el avance de la frontera urbana hacia las zonas proveedoras de agua, que se tenga en cuenta que es una cuenca pequeña que está mostrando deterioro”.
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