Por: Leonardo Rossi (De nuestra redacción)
Los reclamos por los altos precios de los alquileres que deben pagar los aspirantes de la escuela de suboficiales de Gendarmería vuelven una vez más a tensar la relación entre estos estudiantes y parte de la comunidad local. En las últimas semanas un grupo de mujeres ha recolectado “más de 800 firmas” para que “se terminen los abusos” en este sentido. “Nos discriminan”, dice Noelia Santillán una de las referentes de este colectivo.
La mujer tiene una familia típica. Vive junto a su esposo y dos hijos. De origen salteño, este grupo familiar ha pasado por la Patagonia antes de llegar a la zona, donde deben permanecer dos años como parte del programa de formación que establece Gendarmería. “Primero fuimos a Jesús María y nos pidieron seis mil pesos de alquiler. Estuvimos una semana. Nos estafaron”, cuenta indignada. Luego de ese bautismo, recalaron en Colonia Caroya. Consiguieron una unidad de dos ambientes por la que comenzaron pagando 2.800 pesos y por la que ya abonan 3.500 pesos por mes. “Cada seis meses nos aumentan entre 30 y 40 por ciento”, asegura.
“Algunos creen que tenemos mucha plata. Pero el sueldo del suboficial es de 4700 pesos, con los gastos de luz y otros servicios, sumado esos precios de alquiler, ¿cómo vive una familia?”. Por este tipo de situaciones que afectan a “la mayoría de las familias de gendarmes” es que han comenzado a recolectar firmas para adjuntar a un petitorio. El objetivo es abordar la problemática junto con los municipios y también ganar fuerza sumando a otros ciudadanos que viven la misma problemática. Los altos precios de los alquileres no es tema exclusivo de un sector.
Achicar distancias
Santillán también agrega como reclamo que “muchas veces no nos alquilan con chicos”. Y “sentimos discriminación, eso no se puede”. La lista de malos tratos para con el sector también incluye abusos en comercios.
Desde un enfoque político, la coordinadora de Políticas Sociales caroyense, Sonia Brollo, reconoce que los municipios debieran “avanzar en espacios de inclusión para las familias, hacer un trabajo de vinculación más fuerte en los talleres y actividades locales” como forma de achicar distancias. “Tenemos que darnos una construcción colectiva junto con la escuela de Gendarmería, y que ésta tenga una mayor inserción hacia afuera.”
Claro está que los Ejecutivos no tienen capacidad de regular los precios del mercado inmobiliario, pero tienen infinidad de herramientas para fomentar el sentido de comunidad en cada habitante de la zona. En esa línea, Yanina Aguirre, titular de Desarrollo Humano de Jesús María, reconoce el trabajo que ha hecho la institución federal en La Casa de Matías, y que el camino sería “ir en esa dirección e incentivarla”. “Hay que fortalecer a una Gendarmería más abierta a la comunidad, algo que viene ocurriendo en los últimos cinco años.”
Ante la urgencia del tema alquileres, Aguirre sostiene que el Municipio “puede generar instancias de diálogo entre las familias de suboficiales y las inmobiliarias” a modo de mediador. Santillán anticipa que a mediados de mes presentarán las firmas ante los Ejecutivos. Y asegura que “de no cambiar la situación, vamos a pedir que saquen la escuela de aquí porque con este abuso económico no se puede”.
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