Recapitulando: hace un año, una concejala de Colonia Caroya (quien participó de la primera reunión y no fue a ninguna otra) propuso reabrir el debate sobre el horario de cierre de los locales bailables en la región y eso motivó que los tres cuerpos de ediles se reunieran con los actores interesados en el tema (jóvenes, empresarios, padres) para recolectar nuevas opiniones.
El resultado de esa ronda de consultas que detectó que hay un tramo de la noche que difícilmente pueda ser regulado (el antes y el después de los boliches y bailes) derivó en que la mayoría coincide en que no hay que modificar el horario de cierre, pero sí hay que endurecer los castigos para quienes lucren con la salud de la juventud y sí hay que castigar a quienes encubren actividades comerciales bajo la fachada de fiestas familiares.
Antes de que el Concejo Deliberante de Jesús María sancione una ordenanza modificatoria de la anterior en materia de espectáculos públicos, accedió a una nueva ronda de consultas, pero esta vez propiciada por la iglesia católica en un encuentro que tuvo lugar el pasado martes por la noche.
Allí, un grupo de feligreses animó a los concejales locales, acompañados por uno de Sinsacate y ninguno de Caroya, a que resuelvan la problemática con valentía, sin titubear, y teniendo en claro que son el organismo público que tiene en sus manos el resorte del “control”.
Francisco, uno de los participantes del encuentro, comenzó acribillando a los ediles a preguntas: ¿La autoridad se siente condicionada por la situación? ¿Tienen claro qué es lo que se puede y lo que no se puede regular?. Y añadió: “Se puede hacer una excelente ordenanza pero que después sea letra muerta. Tenemos la sensación de que la autoridad no interviene eficazmente sobre los problemas que genera la noche. Ahora, son los únicos que tienen la plena autoridad para imponer medidas que le den a la ciudad una identidad determinada”.Y comparó la situación que alguna vez vivió la localidad de Río Segundo durante el apogeo del local bailable Abuela Valentina, que transformó a la región en una zona donde a la juventud le estaba todo permitido, especialmente en el consumo exagerado de alcohol. Las autoridades fueron cómplices de esa situación hasta que ocurrió la tragedia del derrumbe de uno de los balcones y que fue cuando surgió la crítica por la falta de controles sobre la seguridad de los jóvenes.
Verónica Búa, concejala jesusmariense, tomó en ese punto la posta para señalar que tienen claras las limitaciones, pero que se fijaron como objetivo primordial en esta reforma de la ordenanza sobre la noche que estén dadas todas las garantías de seguridad de los jóvenes, aunque aclaró: “No podemos meternos en lo que cada familia le permite o no hacer a sus integrantes. Eso nos excede”.
Edith, otra de las asistentes al encuentro, añadió argumentos sobre el rol del Estado: “Tienen que intervenir porque hay argumentos fuertes desde la salud, la bioética, y hasta la constitución. Las autoridades tienen que tener valentía porque tienen en sus manos el protocolo del control y el resorte de la ley”.“El problema grave que tenemos -añadió la mujer- es la incoherencia. Nos han hecho creer que somos represores si decimos que no. Eso es psicología barata. Escuchar opiniones está muy bien, pero hay que tener en claro que los intereses que se juegan son grandes porque la juventud deja mucho dinero”.
Daniel Benedeto del grupo Redes por Adolescentes y Jóvenes Seguros añadió que, lamentablemente, en el tema exceso de consumo de alcohol los adultos son los que vienen dando los peores ejemplos.
En definitiva, los concejales se retiraron con la sensación de que cualquier modificación sobre el tema control de los excesos nocturnos será temporal pero alguien tiene que hacerlo.
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