La circunstancia de un femicidio siempre es trágica y más cuando se trata de un hecho que ocurre a pocos minutos de donde uno vive. Por eso, el femicidio del pasado lunes 17 puso en alerta a las instituciones que vienen abordando la problemática de la violencia familiar en forma sostenida desde 2003.
En la circunscripción de los Tribunales de Jesús María, dos hechos había llamado poderosamente la atención: primero, el homicidio de María José Urbaneja en Villa del Totoral por parte de su expareja, Cristian Peralta, quien le asestó una veintena de puñaladas. Sobre él recaía una orden de restricción porque había amenazado en reiteradas oportunidades a Urbaneja. Corrían los primeros días de diciembre de 2012.
Un año más tarde, en diciembre de 2013, Marta Susana Núñez en Cañada de Luque también perdió la vida a manos de su pareja, Néstor Omar Carnero, sobre quien pesaba otra exclusión del hogar.
En ambos casos, la disposición de la Justicia para que se mantengan a un mínimo de 300 metros de distancia de su pareja no fue óbice para que se cometieran los aberrantes crímenes en contra de ellas.
Y hubo, el año pasado, un hecho que no terminó en femicidio de casualidad: un joven de 17 años agredió brutalmente a su novia de 16 en Las Peñas, hecho que concluyó con una imputación sobre el muchacho por lesiones graves calificadas. El informe médico fue contundente: traumatismo de cráneo, traumatismo facial, traumatismo en abdomen, corte frontal, hematomas varios. Terrible.
Ahora, en Jesús María
Tanto Colonia Caroya como Jesús María llevan más de una década incorporando en sus programas sociales la problemática de la violencia familiar. Talleres, charlas, asistencia a las víctimas, folletería, capacitación docente, entre otras actividades, fuero poniendo en alerta a la comunidad sobre este flagelo que es necesario erradicar.
Pero todo ese trabajo se derrumba cuando existe un impulso homicida y brota un nuevo hecho de sangre como el que ocurrió el pasado lunes en un domicilio de corazón de manzana sobre la calle Salta.
Por la hora y el lugar donde se encuentra la vivienda, la presencia de testigos sería más bien escasa. Sin embargo, la noticia que llegó a la dependencia policial fue brindada por el propio femicida.
Marcelo Julio Castro (44) puso en conocimiento de la policía que acababa de asesinar a su expareja, Carina Pérez (41). La policía no tuvo que hacer más que la constatación del hecho en el domicilio donde se encontraba la víctima y apresar al matador, cosa que ocurrió más tarde. El secreto de sumario impidió saber si se trató de una entrega voluntaria o si el homicida facilitó los datos de su ubicación y allí fue apresado.
Extraoficialmente, se supo que la ruptura habría sido reciente y que la pareja tenía una hija en común. La mujer se había desempeñado en el área de maestranza en el Hospital Vicente Agüero en algún tiempo y recientemente lo habría hecho en una institución geriátrica.
El hecho que mayor consternación generó en la Justicia y en los equipos técnicos de la Municipalidad es que este femicidio no contaba con ningún antecedente. La mujer nunca había radicado una denuncia por violencia familiar en contra de su expareja ni tampoco se había librado una orden de exclusión en contra de él.
El hecho anterior
El antecedente más inmediato en Jesús María y por el que había perdido la vida una mujer data del 16 de febrero de 2006, cuando todavía no se hablaba de “femicidio” en forma abierta y los medios de comunicación preferían usar el eufemismo de “drama pasional”.
En ese entonces, el suboficial mayor de la Gendarmería Nacional Julio Celso Vega (52) había formulado tres disparos con su su pistola Bersa, calibre 9 milímetros, efectuó tres disparos: dos en contra de su exmujer, Marta Alicia Lucero (47), y uno contra su propia sien. La mujer murió de inmediato; Vega, cinco días después. María Belén, hija del matrimonio y que en ese entonces tenía 22 años, relató a los a los policías que sus padres comenzaron a discutir en la habitación contigua y que los tres disparos fueron el desenlace de esa discusión.
La mujer venía solicitando el divorcio al gendarme, pero éste se negaba sistemáticamente. Vega, en actividad en la provincia de San Juan, había estado distanciado de su esposa y en búsqueda de recomponer la relación. Usó su licencia para ese cometido, pero terminó con su vida y con la de ella.
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