Está claro que en el lugar donde se cayó el Puente Centenario no es posible hacer cualquier tipo de puente porque está en la zona de amortiguación de la Estancia de Jesús María que es patrimonio de la Humanidad, según Unesco. Pero tampoco es cierto que si hacemos otro tipo de puente, diferente del que estaba emplazado, nos quitarán la declaración.
Más bien, en un llamado a concurso de ideas, que es lo que pidieron más de 1700 vecinos a través de una carta, se deberían incluir cuáles son las limitaciones que Unesco pone a la hora de pensar un puente “novedoso”.
Tampoco es demasiado válido el argumento de que no se puede tener en cuenta la petición de los vecinos porque el gobierno de Córdoba no tiene los recursos para afrontarlo. Alguien como José Manuel de la Sota que fue capaz de pergeñar los “Lecor” en plena crisis de 2001 no puede decir que no se le ocurre ninguna idea para acatar la voluntad de un grupo de vecinos de la región y pensar de qué manera financiar un puente nuevo.
José Manuel de la Sota le dijo que no, entre otros, a los cuatro hijos del remisero Arturo Maturano, que firmaron el petitorio, y le dijo que no a instituciones que avalaron la propuesta como el Centro Comercial de Jesús María, la Asociación de Bomberos Voluntarios, la Asociación de Amigos del Museo Jesuítico Nacional, y a la delegación Jesús María del Colegio de Abogados de Córdoba que enviaron notas firmadas avalando la propuesta que nació de la idea de dos vecinos, Esteban Martos y Luis Pastawski.
Y le dijo no también a numeros empresarios, hombres de negocio, profesionales con trayectoria, concejales de todos los partidos políticos, y trabajadores que vieron en la petición una manera novedosa de participación ciudadana.
Ni siquiera meditó en que entre las firmas de apoyo se encontraban las de varios referentes de las estancias jesuíticas e investigadores vinculados a la defensa del patrimonio histórico, urbanístico, y arquitectónico.
Después de todo, el puente se cayó por la inacción de la Dirección Provincial de Vialidad y de la Subsecretaría de Recursos Hídricos que sabían que la estructura del puente estaba endeble y no hicieron nada por remediarlo. Y lo sabían desde febrero de 2010, a los pocos días de que se cayó el puente sobre la Ruta Nacional 9 en la unión con Sinsacate.
Es cierto que la jurisdicción sobre el río Guanusacate y sobre cualquier puente que lo atraviese es provincial, pero no menos cierto es que nosotros también somos la provincia y nuestras inquietudes debieran, al menos, ser revisadas antes de ser rechazadas de plano. No escucharnos es, cuando menos, una falta de respeto que ni siquiera es admisible a la máxima autoridad provincial.
Quienes gobiernan no parecen haber reparado en que les “prestamos” el gobierno por el término de cuatro años y que eso no es la firma de un cheque en blanco ni mucho menos la extensión de una carta de confianza vitalicia.
Y hasta parece temerario que anuncien que, probablemente, podrían aprovechar la parte del puente que quedó en pie cuando está claro que el cauce del río está cerca de cinco metros debajo de donde tuvo el emplazamiento original.
Antes de comportarse como patrones de estancia y venir a retar las instituciones que con justicia esperan que se cumplan viejas promesas, debieran reparar las autoridades de que democracia es aguantarse la opinión de otro cuando es adversa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario