El tribunal local se encuentra “desbordado” y sin estructura ante una problemática compleja de atender. El femicidio de Urbaneja como antecedente.
En 2012 se cometieron 255 femicidios en Argentina. El dato, obtenido por la ONG La Casa del Encuentro, fue difundido la semana pasada. El caso de María José Urbaneja (23), asesinada por su ex pareja, Cristian Peralta (27), el 26 de noviembre pasado en Villa del Totoral, forma parte de ese cuadro de crímenes de género. La problemática nacional tiene su correlato local, reflejada en las 221 denuncias admitidas en lo que va de este año -hasta el 27 de febrero—por la oficina de Violencia Familiar de los tribunales locales, según relevó Primer Día. De ese total, más del 50 % corresponden a casos de Jesús María.
En función de los datos relevados entre febrero de 2011 y enero de 2012, el Centro de Perfeccionamiento Ricardo Nuñez había dado a conocer el año pasado que Jesús María era la ciudad cordobesa que presentaba la tasa más alta de denuncias por violencia familiar: 22 cada mil habitantes. En total fueron 670 las denuncias correspondientes a este municipio, sobre las 1.175 (1.131 admitidas) que recibió la oficina judicial abocada a la problemática. Por jurisdicción, esta dependencia absorbe a denunciantes de Colonia Caroya, Sinsacate, Totoral, Salsipuedes, Agua de Oro, entre otros puntos.
Desde que se inició la actividad judicial en 2013, la oficina admitió 221 denuncias sobre 236, según constató este medio al acceder al registro oficial. Informaron fuentes judiciales que las presentaciones que se descartan suelen estar vinculadas a errores en la configuración de la denuncia. Por ejemplo, interpretar que la falta de cumplimiento de una cuota alimentaria se enmarca dentro de la ley de violencia familiar.
Jesús María acaparó más de la mitad de las denuncias en lo que va del año, con un total de 119. Mientras que desde Colonia Caroya se realizaron 44 presentaciones. El resto se divide entre Villa del Totoral, Sinsacate, La Pampa, Ascochinga, y otros pueblos.
El número de presentaciones por violencia intrafamiliar en estos dos meses ya representa el 20% de las que se efectuaron en el período 2011. Y a pesar de haber encabezado la lista de ciudades en denuncias dentro de este rubro, no hubo cambios significativos respecto al funcionamiento de la estructura judicial local.
Actualmente, el juez José Antonio Sartori debe atender cinco dependencias: civil, comercial, laboral, familia y violencia familiar. Dentro de la oficina que corresponde a esta última temática sólo se encuentra acompañado por una secretaria (Liliana Tarragona), y por tres empleados. A eso hay que agregar que el personal especializado para evaluar este tipo de casos no tiene exclusividad con esta repartición sino que debe atender todas las investigaciones en que las sea requerido dentro del tribunal. El dato saliente es que ese equipo sólo está compuesto por dos técnicos (trabajadora social y psicólogo). Ante jornadas donde se registran “más de veinte denuncias”, esta oficina queda “desbordada”, apuntaron desde tribunales.
Se trata de vidas
Frente a este cuadro, queda expuesto que las unidades de constatación no existen, a pesar de que el artículo 20 de la ley 9.283 de violencia familiar exige su creación. Estos equipos transdisciplinarios que debieran funcionar “todos los días durante las veinticuatro 24 horas” para “la protección de la víctima”, como marca la norma, no han sido prioridad dentro del Poder Judicial de la provincia.
Aunque reconocen el esfuerzo que realizan tanto el municipio de Jesús María como los profesionales del hospital Vicente Agüero, personal judicial vinculado a la temática de género entiende que esas dependencias públicas también carecen de recursos para poder “crear entre todos los actores del Estado una malla grande que dé respuesta este problema social”. En otras palabras, “la ley es maravillosa, pero no hay voluntad de aplicarla”.
Dentro de este panorama se buscan paliativos. Por ejemplo, la oficina intentará articular con las mutuales de los involucrados en las causas para facilitar la asistencia psicológica que debiera garantizar el Estado. A eso suman la frecuente participación de personal del fuero Civil en los procesos de abuso familiar, empleados no designados originalmente para esta labor.
Mientras el fiscal Víctor Chiapero investiga cuál fue el orden cronológico de los acontecimientos previo al asesinato de Urbaneja, que había presentado una denuncia contra su ex pareja, y nunca recibió la protección debida –la oficina de violencia familiar asegura que envió la orden de restricción a tiempo y la policía afirma haber recibido tarde este aviso--, queda de manifiesto que la estructura judicial se encuentra al límite ante un tema delicado.
Aunque “no siempre es evitable un crimen”, desde tribunales advierten que “no se puede dar seguimiento correcto” a las denuncias, que vale recordar refieren a agresiones, principalmente, contra mujeres que pueden perder su vida.
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