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La emergencia económica, una vieja conocida de intendentes radicales y justicialistas

Jesús María se declaró en emergencia en la mayor parte de la década de 1990, ingresó así al nuevo siglo, y se prolongó durante muchos años.

En estos días circularon por redes sociales infinidad de mensajes que hicieron referencia a la preocupación por el proyecto de ordenanza que concluyó en una nueva declaración de estado de emergencia para Jesús María.
La preocupación se centró en las facultades “extraordinarias” que el citado proyecto estaba poniendo en manos del intendente Luis Picat y el presunto riesgo que esto representaba para la ciudad y para la democracia.
Muchos de los que hicieron circular esos mensajes fueron funcionarios electos o políticos en el pasado y parecieran haber olvidado que durante sus gestiones también fueron declaradas emergencias que se extendieron durante varios años y que no escandalizaron como ahora.
Claro que se trata de una época es la de la hiperinformación y trasmisión inmediata de noticias y que eso logra que algunas decisiones se conozcan bien rápido y que la gente pueda expresarse en sus propias redes casi al mismo tiempo en que se producen las novedades.

Emergencia traspasada

Una noticia publicada por La Voz del Interior el 19 de diciembre de 2001 daba cuenta de que el cuerpo de ediles analizaba ingresar por séptimo año consecutivo en emergencia económica, laboral y financiera, lo que significa que había abarcado cuando menos el segundo gobierno de Lucas Torres (PJ) 1995-1999 y que había continuado sin fisuras en el gobierno   de Jorge Colombo (UCR) 1999-2003.
El Concejo Deliberante le otorgaba al intendente Jorge Colombo atribuciones para que transfiera fondos entre las distintas cuentas para atender obligaciones emergentes del presupuesto, además de facultarlo para que reordene fondos acreditados y cancele obligaciones en pesos con Lecop Nación o Córdoba.
También se preveía que el otorgamiento de horas extras se ajuste a estrictas necesidades de cumplimiento de servicios, que las contrataciones de personal surjan de informes fundados, y que se limiten los subsidios en dinero en efectivo, entre otras medidas.
Argentina, en paralelo, viviría ese fin de año la renuncia de Fernando de la Rúa, la caída de la “Convertibilidad”, y una de las peores crisis de la historia contemporánea.
Años más tarde a aquella declaración de emergencia y con una economía en recuperación, el exintendente Marcelino Gatica decidió prolongar la declaración de emergencia en casi los mismos términos que su antecesor.
En los papeles, el amparo de la emergencia le permitía al municipio “patear” para adelante la discusión que mantenía con los empleados municipales por la vigencia o no del Estatuto del Empleado Municipal.
De hecho, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad sobre la prórroga de la emergencia y la fue ampliando en dos oportunidades.
Estando en Emergencia el Ejecutivo jesusmariense tomó dos medidas que perjudicaron notoriamente a los trabajadores, especialmente la que ataba el salario municipal para la categoría uno al salario mínimo vital y móvil, entre otros artículos que fueron modificados.
Claudio Minoldo

Claudio Minoldo

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