Último momento
recent

El desafío de la emergencia

Por: Jorge Orgaz (Profesor de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo | UNC - UE Siglo 21)

Casi sorpresivamente, desde hace varios meses, el mundo entero atraviesa una de sus peores crisis sanitarias de los últimos tiempos, por la pandemia del coronavirus, exigiendo a sus gobiernos, una rápida respuesta con el objetivo de evitar la propagación de sus nocivos efectos sobre la salud de sociedades a las que deben conducir.
Nuestro país no ha resultado ajeno a tales acontecimientos, y desde que el Presidente Fernández dictó el decreto de necesidad y urgencia 297/2020, inaugurando la legislación de emergencia sanitaria, los gobiernos provinciales y municipales en ejercicio de su autonomía, se vieron obligados a ajustar su propia normativa sobre la materia, para asegurar una lucha efectiva contra la enfermedad.
Es de destacar que -la puesta en común de políticas públicas en un tema crucial no sólo para el presente sino para el futuro inmediato del país, por los distintos actores con responsabilidades de gestión en sus distintos niveles de gobierno- reflejan claramente la impronta de un federalismo de concertación que, con sustento en las constituciones nacional y provincial, dejan atrás tiempos de desencuentros y de disputas por intereses sectoriales.
En tal sentido, resultó impostergable el dictado de medidas legales y administrativas tendientes a optimizar el combate contra la misma, en paralelo al establecimiento de la cuarentena obligatoria y preventiva, impuesta por el gobierno nacional como punto de partida para enfrentar entre todos la progresión del coronavirus, acompañada por las provincias y municipios, según su propia realidad.
Desde entonces -y con la inadmisible defección del Congreso Nacional, limitado únicamente al trabajo de comisiones o en una muestra de su baja autoestima institucional a solicitar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorización para poder sesionar- las legislaturas provinciales y los concejos deliberantes municipales sancionaron distintas disposiciones de emergencia para dotar al Departamento Ejecutivo de herramientas jurídicas imprescindibles para poder resolver rápidamente los embates de la pandemia, que ponen en juego diariamente la vida y salud de los argentinos.
Y es dentro de ese marco general en el que el Concejo Deliberante de Jesús María aprobó esta semana la ordenanza que delega en su intendente ciertas atribuciones excepcionales para resolver rápidamente algunos aspectos administrativos, económicos y financieros municipales, que impone la situación crítica que atravesamos todos.
Sucede que la lucha contra la enfermedad social del coronavirus, como es fácil advertir, exige un abordaje multidisciplinario para que sea eficaz, es decir, también desde otros ámbitos de la administración pública local porque si las respuestas que ellos brinden resultan tardías cualquier esfuerzo que se haya realizado en el campo sanitario será inútil.
Y es importante señalar, en este punto, que la delegación de facultades especiales en el intendente por la emergencia sanitaria no constituye un aval para su arbitrariedad porque, además de que la ordenanza la limita expresamente en sus facetas material y temporal, permanece inalterable la responsabilidad de contralor sobre sus actos, ejercida por regla por el Concejo Deliberante, y apuntalada por los restantes organismos de fiscalización del municipio, de acuerdo a los principios y disposiciones de la Ley Orgánica municipal 8102.
Sólo la emergencia sanitaria justifica la sanción de esta ordenanza y es la misma situación de crisis que determinó hace un mes al gobierno municipal a disponer, en un ejemplo que seguirían varias administraciones del país, una quita importante en los haberes de sus funcionarios para contar con los recursos económicos suficientes para responder sus constantes requerimientos que, inclusive, pueden incrementarse en un futuro inmediato por la evolución propia de la pandemia.
Además, como un criterio interpretativo constitucional insoslayable, las emergencias -cualquiera sea su naturaleza- no son declaradas para vulnerar los principios rectores de nuestro estado de derecho sino, por el contrario, tienen por finalidad primordial asegurarlos, protegiendo los derechos fundamentales en juego, como en este caso, la salud de los vecinos de Jesús María.
Indudablemente, la pandemia nos coloca en una situación sumamente compleja a cada uno de nosotros, en lo personal, laboral, familiar y social, con múltiples consecuencias que, muchas veces, van cambiando hora a hora. De allí, la necesidad de coordinar de la mejor forma posible, los esfuerzos colectivos para enfrentarla, prescindiendo del lugar desde el cual lo hagamos, pero siempre bajo el manto irrenunciable de la Constitución de los argentinos.
Claudio Minoldo

Claudio Minoldo

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Con la tecnología de Blogger.