La investigación penal que afronta por estos días el presidente del festival de Doma y Folklore, Nicolás Tottis, está en sus primeros pasos. La Justicia no tiene nada para decir sobre él ni a favor ni en contra ya que no acumuló la cantidad de pruebas suficientes aún para poder tomar una determinación que lo convierta, al menos, en sospechoso.
Pero sin importar el derrotero que siga ese proceso, hay una porción de la comunidad que ya lo condenó y otra que lo absolvió sin más argumentos que una “corazonada”, algo así como sentir que debe ser cierto o que debe ser mentira.
Y el territorio para ese juicio no es otro que el de las redes sociales. Allí, cualquiera se siente juez, fiscal, sabio, infalible, y profiere todo tipo de sentencias sin ninguna limitación más que las propias ganas de decir lo que a uno se le cante.
Una parte de la biblioteca sobre redes sociales señala que son el territorio de la libertad de expresión más amplia y genuina, y que no habría que hacer ningún esfuerzo por encorsetarla ni ponerle fronteras.
Sin embargo y a la luz de muchísimos casos de agresiones en la vida real que comenzaron con una mentira en el mundo virtual, otros especialistas señalan que algún tipo de límite tendría que ponerse. Nadie sabe establecer de qué tipo o quién debiera ser la autoridad de aplicación.
De hecho, las redes sociales tienen un mecanismo para denunciar posteos culumniosos o injuriantes, pero pocos saben si hacer un reclamo deviene en éxito y en retiro de la publicación que falta a la verdad.
Por lo pronto, deberíamos comenzar con una “autorregulación” que comience con que mis derechos terminan donde empiezan los de los demás, y que tenemos que ser respetuosos en las formas con las que tratamos a nuestros semejantes. Para eliminar el “vale todo”.
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