Si algo le faltaba a la “novela” que vivió la Cooperativa de Servicios Públicos durante el presente año era la presentación ante la Fiscalía de Instrucción de una nueva demanda penal, aunque en este caso dirigida ante el expresidente del Consejo de Administración, José Antonio Chalub.
Como había sido adelantado oportunamente, la denuncia fue formulada ante el fiscal Guillermo Monti por Luis María Meinero, a través de un escrito de 60 páginas en las que ofrece prueba y en las que detalla una cronología de los hechos que pide investigar.
Meinero le endilga a Chalub la presunta comisión de los delitos de ejecución de actos indebidos o anti-estatutarios y defraudación por administración fraudulenta, que establecen penas de seis meses a dos años de prisión en el primer caso y de un mes a seis años en el segundo.
Meinero le aclara al fiscal que todo lo que denunciará es de “público conocimiento” y que lo que hará será una enumeración ordenada para que pueda advertir las conductas ilícitas que se le reprochan.
Lo primero que le achaca Meinero a Chalub es haber dejado de lado al abogado asesor de la Cooperativa, Horacio Juan Castellano, quien se desempeña en esa área desde hace más de 40 años, para incorporar a los abogados Marcos Pereira y Ricardo Fasolis.En este punto, Meinero le hace constar al fiscal Monti que la contratación de ese estudio jurídico benefició al hijo del expresidente, Alejandro Chalub, quien formaba parte del staff de abogados.
En la denuncia se destaca que nunca se justificó la razón por la que la Cooperativa necesitaba de los servicios de abogados distintos a Castellanos que había patrocinado a la entidad en juicios laborales, civiles, administrativos, y también penales.
El nudo de la demanda
Pereira y Fasolis comenzaron a intervenir en defensa de la Cooperativa en el juicio laboral que le inició a la entidad el exgerente Javier Foresi. Acordaron que, por todo concepto, cobrarían la cifra de $ 1,5 millón por esa defensa.Si a esa defensa la hubiese realizado Castellano, el costo se limitaba a pagarles los honorarios mensuales que se fijaron con él que son de $ 19 mil más IVA.
Pero el denunciante hace constar que Chalub omitió explicar que su hijo estaba trabajando para el estudio de Pereira y Fasolis y le atribuye un ocultamiento malicioso. En su opinión vertida en la demanda penal, Chalub debió abstenerse de integrar las sesiones en las que se discutió la contratación del mencionado estudio o, cuanto menos, abstenerse de intervenir en la contratación.Meinero detalla también la forma y el apresuramiento con que se procedió al despido del exgerente Foresi y alude a la palabra de algunos consejeros que le advertían que no mediaba para el despido ninguna prueba ni argumento.
Sobre esto, Meinero aporta copias de actas del Consejo de Administración que avalan su tesis de que Chalub procedió a despedir a Foresi, valiéndose de su cargo y función, para direccionar todo a la contratación del estudio jurídico en el que trabajaba su hijo.
Esas actas detallan también que no había “causa” para despedir a Foresi y que la demanda penal que entabló Chalub en su momento era para ganar tiempo.
En resumen, Meinero considera en esta denuncia que Chalub se encontraba inhabilitado por ley para la contratación del estudio, que se extralimitó en sus funciones, y que “el negocio” estaba en la demanda de Foresi contra la Cooperativa.
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