Hace unos cuantos meses, el subsecretario de Cooperativas y Mutuales del gobierno de Córdoba, Abraham Gallo, recibió una carpeta que le adjuntó un grupo de vecinos de la zona en la que lo interiorizaban sobre la delicada situación institucional que venía atravesando la Cooperativa de Servicios Públicos.
Esa carpeta estaba compuesta, principalmente, por recortes de artículos periodísticos publicados en medios locales y provinciales (radiales, escritos, portales web) en donde integrantes del Consejo de Administración se cursaban acusaciones cruzadas.
La interposición de una solicitud de investigación penal al fiscal de Instrucción Guillermo Monti sobre “posibles” hechos contrarios a la ley, un tiempo antes, había logrado desatar una verdadera guerra interna, pedidos de renuncia, discusiones de elevado tono, y logró contagiar un estado de sospecha permanente sobre la marcha de la entidad prestadora de los servicios públicos.
Durante todo este tiempo -desde la denuncia y hasta la ultima semana de septiembre- Gallo declinó de formular declaración alguna o de tomar medidas sobre el tema.Sin embargo, la reciente renuncia del expresidente José Chalub terminó de avivar algo que parecía haber pasado a la nómina de asuntos olvidados.
Entonces, el subsecretario se decidió por la opción dos, esto es, en lugar de pedirle al ministro Roberto Avalle que firme el decreto de intervención, ingresó una carpeta a la Justicia de Córdoba para que sea un juez el que determine si hay causal suficiente para declararla intervenida.
La causa recayó, sorteo mediante, en el juez José Antonio di Tullio, quien está a cargo del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de 39º Nominación.
Ante ese juzgado se presentó durante la semana el presidente de la Cooperativa, Alberto Nanini, acompañado de otros consejeros para solicitar ser parte en el proceso judicial abierto, a la par que acompañaba documentación sobre el actual funcionamiento de la Cooperativa.
Voces a favor y en contra
Pese a que se les solicitó intervención, se conoció que ni la intendenta Mariana Ispizua ni el intendente Gustavo Brandán son proclives a participar de ninguna mediación y ambos esperarán el veredicto del juez Di Tullio.Por su parte, el intendente electo de Jesús María, Luis Picat, mantuvo conversaciones con funcionarios del Ministerio de Industria, Comercio y Minería a quienes les manifestó su intención de poder ser parte (en el sentido de tener acceso a toda la información) si llega a darse el caso de que la Cooperativa resulte intervenida.
Las aguas están divididas respecto de la intervención. Un sector de la comunidad cree que sería sano que un actor externo venga, audite, y despeje dudas respecto del manejo de la entidad y sobre el que tanto se viene diciendo desde el año pasado cuando decidieron hacer a un lado a Jorge Marcelo Kurán.
Otros creen que, en este contexto de crisis económica, la intervención perjudicará a la institución. Pero no sólo eso sino que no existen motivos suficientes para intervenirla. ¿Por qué? Principalmente, porque su deuda de mediano plazo está calzada, sus obligaciones salariales y con los proveedores están al día, ningún servicio se dejó de prestar, no hay acefalía, los libros diario y de caja están en orden, las asambleas y balances todos aprobados, no hubo falsificación de padrones. En resumen: si permiten una intervención será sólo por motivos políticos porque administrativamente no hay fundamen- tos que la justifiquen.
Nuevos delegados, activos
Al cierre de esta edición, representantes de los tres distritos de nuevos delegados que quedaron confirmados con las asambleas distritales del pasado viernes, se reunían en la Biblioteca Popular Sarmiento para debatir sobre eventuales medidas para llevar adelante y frenar la intervención.La decisión del juez Di Tullio podría tener lugar en el transcurso de esta semana y ya suena el nombre de un eventual interventor: Sergio Lorenzetti. Habrá que estar atentos a la resolución.
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