La Fiscalía de Instrucción de Jesús María, a poco de hallarse sin vida el cuerpo de Wanda Abigaíl Navarro, actuó con celeridad: 24 horas más tarde detuvo a Mario “Bebe” García y una semana más tarde a Walter Maximiliano “Muñeco” Vargas y Claudio Damian “Lauchín” Schmidt.
A los tres los pudo ubicar en la escena del crimen, les imputó homicidio, después les agregó la carátula de agravado por violencia de género (femicidio) y después les atribuyó abuso sexual con acceso carnal agravado con arma de fuego.
El viernes se concretó un inédito megaoperativo denominado “rastreo final con cierre” que significaba, ni más ni menos, que lo que no se encontró hasta ahora difícilmente se pueda incorporar, excepto si algún vecino acerca ese material a la fiscalía.
Participaron del rastrillaje el Grupo especial de rescate y salvamento (GERS), el Cuerpo especial de la policía (CEP), la Brigada materiales peligrosos (BRIMAP), el Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR), la Patrulla Rural (equipada con caballos), además de personal de Bomberos de la Policía y de la Departamental Colón de Policía.
Hubo rastreo terrestre, aéreo (con drones), y subacuático (con buzos tácticos que rastrillaron los dos estanques que existen en la estancia.
Cuando apareció el cuerpo de Wanda, lo primero que se notó es que le faltaban prendas del uniforme escolar, parte de sus útiles escolares, y algunos objetos personales cuya aparición serían de mucha utilidad.
Vale recordar que el cuerpo de la adolescente estaba boca abajo, en ropa interior, y tapada por cañas y ramas. Pese a ello, los peritajes posteriores descartaron que la joven haya sufrido violencia sexual, aunque sí se comprobó que sufrió una desproporcionada violencia física.
Un rompecabezas difícil
No sólo cometían en contra de ellas abusos de tipo sexual sino que les obligaban a consumir drogas lícitas e ilícitas, y las amenazaba frecuentemente con armas blancas.
Y la otra preocupación es que de esa temible banda formaban parte más hombres que los tres que permanecen detenidos en el establecimiento carcelario de Bouwer. Es decir, que el resto sigue en libertad y puede entorpecer el avance de la causa con amenazas.
Hace poco, por citar el ejemplo más cercano, uno de los “sospechosos” terminó agrediendo al hermano de Wanda y destruyendo parte de la propiedad familiar a patadas y blandiendo un arma blanca.
Recuperó la libertad, pero tiene una orden de restricción hacia la familia que está con custodia policial desde entonces.
Y, pese a que en el barrio “todo el mundo sabe”, a la fiscalía le viene resultando imposible desarmar ese peligroso entramado porque nadie se anima a declarar en contra de ellos. Ya sea por temor o por “código” el fiscal se ha quedado con las manos vacías cada vez que quiso indagar al vecindario.
En esa impunidad otorgada por el barrio, este grupo de marginales se vienen moviendo a sus anchas. Aunque es difícil de probar, se los sindica como los autores de las amenazas a los pocos testigos que aportaron valiosos datos para desentrañar la muerte de Wanda y llevar Justicia a la familia.
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