Suspendida judicialmente la asamblea general ordinaria que estaba prevista para el 31 de este mes, a los flamantes delegados de la Cooperativa de Servicios Públicos les urgía saber cuáles eran los pasos a seguir, especialmente en lo atinente a renovación de cargos en el Consejo de Administración, y aprobación de memoria y balances.
Y para calmar las inquietudes y responder dudas, el coadministrador judicial Sergio Lorenzatti se presentó formalmente en comunidad el pasado jueves. Primero lo hizo a través de una rueda de prensa y, posteriormente, con una extensa reunión con los flamantes delegados de la entidad, quienes resultaron consagrados tras las elecciones distritales del pasado 4 de octubre.
Lorenzatti rescató la medida “innovadora” que adoptó el juez José Antonio di Tullio al aprobar una modalidad de intervención que no está prevista en la Ley de Cooperativas y Mutuales sino en la subsidiaria Ley de Sociedades Comerciales.
“En este caso, el juez hizo lugar parcialmente a la solicitud dejando vigente al Consejo de Administración y a la Sindicatura con la figura de un coadministrador judicial. La tarea es conjunta y está muy bien así. Fue muy inteligente, muy sabio el juez porque va a permitir como objetivo final fortalecer a la Cooperativa”, explicó Lorenzatti en diálogo con el periodismo local.El coadministrador se excusó de ofrecer un diagnóstico, por el escaso tiempo que lleva adelante en su tarea, y refirió que están en la etapa de relevamiento. Por ahora, solamente viene solicitando informes financieros, económicos, de desarrollo social, y sobre el funcionamiento de los servicios, antes de poder identificar qué tipo de correcciones hay que hacer en caso de que sea imperativo realizarlas.
Transparentar todo
Lorenzatti dijo que, en forma paralela a la etapa de fiscalización del funcionamiento de la entidad, ya comenzaron a pensar en el desarrollo de un plan de negocios y en la definición del presupuesto para lo que viene.“Esto tiene que culminar en que los asociados conozcan debidamente cómo está la entidad cooperativa, cómo está en lo financiero, en lo económico y en lo social. Porque esta Cooperativa es una de las más importantes que tiene la provincia de Córdoba, tiene más de 70 años de vida, más de 22 mil asociados”, reiteró en su apreciación el interventor, algo que también había dicho en diciembre del año pasado en ocasión de una visita a la zona.
El coadministrador intentó despejar las incógnitas de la comunidad señalando que la Cooperativa va a seguir prestando sus servicios “normalmente”, aunque se reconoció que puntualmente en el servicio de IPTV e Internet no estuvieron ofreciendo nuevas conexiones y que eso se reanudará desde noviembre, pero en menor cantidad mensual que la que se venía ofreciendo.
En la reunión con los delegados distritales, a Lorenzatti lo bombardearon a preguntas, aunque se interpretó que muchas de ellas estaban apuntadas a muchos históricos consejeros.
Lorenzatti explicó que la a-samblea general ordinaria que tendría que haber tenido lugar el 31 de octubre se concretará recién cuando se cumpla el plazo de 90 días que le fijó la Justicia a su coadministración.Cuando le hicieron notar que dicha asamblea, entonces, debería tener lugar en pleno enero y con el Festival de Doma y Folklore encima, el funcionario señaló que de ser necesario se puede solicitar una prórroga de la intervención y postergar la mencionada asamblea hasta febrero de 2020.
También se consultó insistentemente si la última modificación incorporada al estatuto, que limita la duración de los consejeros, va a estar vigente para el momento de la asamblea.
La alusión se refiere a que, si el estatuto estuviese vigente, algunos históricos en el Consejo de Administración deberían hacer un paso al costado, una cuestión que ya les fue revelada durante los distintos conflictos que hubo a lo largo de este año.
También hubo debates en la reunión del jueves sobre algunos servicios que históricamente vienen siendo deficitarios y qué hacer con ellos.
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