Por: Marianela Tabbia (De nuestra redacción)
Jesús María se encuentra desde hace tiempo en la búsqueda de incorporar más perspectiva de género a su labor diaria. Entre los antecedentes, se pueden mencionar el otorgamiento de la licencia por violencia de género, o el dictado de talleres sobre nuevas masculinidades y diversidad, entre otros.
El último paso en esa dirección se concretó con la presentación en el Concejo Deliberante de dos textos que proponen cambios al reglamento interno vigente y la creación de un protocolo de actuación ante situaciones de violencia dentro del municipio.
A la par de estas propuestas, la organización civil Sí, Mujer viene haciendo lo suyo para conseguir mayores avances en la materia. Por ejemplo, mediante la Banca del Ciudadano solicitó, recientemente, la adhesión de la ciudad a la Ley Micaela, la normativa que obliga a los tres poderes del Estado a recibir capacitaciones en género, y que Colonia Caroya ya viene poniendo en práctica.
Tiempo de cambios
En caso de una situación de violencia de género, el nuevo protocolo que se accionará contempla los siguientes aspectos: asesoramiento gratuito, contención y acompañamiento, no re-victimización, confidencialidad y respeto del derecho a la privacidad de las actuaciones.
“Nos pareció importante tener sistematizado cuáles eran los pasos a seguir para que la persona no esté dando vueltas de un área a otra pidiendo ayuda y sin una escucha activa. Dentro de la institución, hay situaciones de violencia de género por lo que vimos esta necesidad de dar una respuesta inmediata”, explicó Yanina Aguirre, directora de de Niñez, Adolescencia y Familia.
La concejala Verónica Bua, una de las mentoras del proyecto, añadió: “Hoy, todo lo que vienen sucediendo nos alerta, cada una de estas situaciones que se van dando en lo cotidiano nos obliga a replantearnos, al menos desde lo normativo, cómo estamos haciendo las cosas. Te activa, te deja ver lo que falta”.
En cuanto a las modificaciones en el estatuto municipal, resumió: “Se busca la generación de ciertos deberes, derechos y prohibiciones junto con obligaciones que especifican el respeto por la identidad de género, orientación sexual y el respeto a los derechos que consagran normativas provinciales y nacionales respecto de la mujer”.
El reglamento institucional tendrá tres pilares novedosos, el primero de ellos tiene que ver con el lenguaje utilizado que dejará de usar el genérico ‘los empleados o agentes municipales’ para emplear el nuevo genérico ‘las personas que’ con la intención de visibilizar la presencia de hombres y mujeres que desempeñan tareas.
Por otra parte, dentro del grupo de nuevos derechos, se incorporarán una serie de licencias: por adopción, por fertilización asistida o por paternidad. También, se sumarán obligaciones que previamente estaban poco claras, ahora sancionadas desde una mirada no punitivista, haciendo hincapié en el diálogo. Antes, las cuestiones relacionadas directamente con género no configuraban una falta explícita, pero con las modificaciones introducidas sí.
Sensaciones agridulces
Estas iniciativas para algunas personas llegan tarde. En diciembre del año pasado, la exempleada municipal Larisa Monetto denunció por acoso laboral a un compañero, situación que ocurrió durante todo 2016.
Luego de insistir ante autoridades municipales, decidió renunciar, tras sentirse sola y sin respuestas. Consultada por este medio, opinó: “Estos proyectos me producen ambivalencia. Alegría porque se están tomando medidas y, a la vez, me genera mucha bronca saber que tuvo que pasar tanto tiempo hasta que decidan hacer algo. El Ejecutivo fue en gran parte responsable por lo que viví y es responsable por lo que viven otras mujeres. Deseo de corazón que estos proyectos tengan un buen fin y que sean positivo para que otras mujeres se sientan más seguras”.
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