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Gigantesco avance en la Causa Maturano: imputaron a exfuncionario

No hay antecedentes en la Justicia de Córdoba de que a un exfuncionario se le imponga la carátula de homicidio culposo por haber sido negligente en el resguardo de bienes que están bajo su jurisdicción.

“En todos estos años es la primera noticia positiva e importante que hemos tenido. Sabíamos que se habían demorado mucho algunos informes que se habían pedido a la Nación. Nos parecía demasiado tiempo porque todavía estamos en la etapa de la investigación. Recién ahora parece que se podría accionar o tomar otras medidas”, señaló Gabriela Maturano, tras conocer que la Fiscalía de Instrucción de Jesús María decidió imputar al expresidente de Vialidad Provincial, Raúl Bértola.
Gabriela es una de las hijas de Arturo (60) el remisero que perdió la vida en la madrugada del primero de noviembre de 2013, cuando el entonces Puente Centenario se derrumbó casi en su totalidad, víctima de una crecida importante y de sus propias deficiencias constructivas.
“Él (Carlos Nayi, el abogado patrocinante de la querella) me dijo que quedan más cabos sueltos y quiere ir por más, aunque no me adelanta muchos detalles sobre eso”, añadió la hija de “Don Matu”.
Gabriela vuelve sobre su cuestionamiento a la ausencia de protocolos de acción de aquel momento: “En (la ciudad de) Córdoba, ante cualquier crecida está la policía cortando los puentes y acá no se hizo nada. Además, se sabía sobre las falencias que tenía el puente. Ya está, el puente se cayó, pero ¿no hubo alguien antes de que él (su padre) pase que ponga un tacho o algo para que no pase?. Esos son los cabos que nos quedan sueltos y para resolver”.
“Es un avance, una luz de esperanza sobre lo que uno estaba tan descreído que era la Justicia saber que se está actuando, medio lento, pero se sigue trabajando”, completó Gabriela.
La imputación
El fiscal Guillermo Monti fue muy cauto y dosificó la información sobre la causa al mínimo. Es que estaba esperando poder tomarle declaración indagatoria al imputado para liberar más datos.
Esta es la razón por la que los datos que se aportan a continuación son inferencias que derivan de toda la documentación y testimonios a los que accedió Primer Día.
¿Por qué hacen recaer la responsabilidad sobre Vialidad? Porque sobre el río y lo que lo atraviesa (puentes, vados, pasarelas) la jurisdicción es provincial y no municipal, incluyendo su manutención.
¿Por que homicidio culposo?  El artículo 84 del Código Penal habla de la responsabilidad por “imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo”. Implica, de ser hallado responsable en juicio, una pena de entre seis meses y cinco años e inhabilitación especial de entre cinco y 10 años.
Para el fiscal, Vialidad Provincial no le dio al problema estructural del puente la magnitud que merecía, tampoco obró en consecuencia para reforzarlo, ni impidió la circulación sobre él, a pesar de que estaba notificado por informes municipales sobre su fragilidad.
El exintendente Gabriel Frizza se excusó de dar precisión sobre fechas, pero confirmó que desde el municipio se enviaron informes a Vialidad Provincial advirtiendo sobre la precaria situación del puente.
Incluso, recordó que el arquitecto José María Brusasca quien fue secretario de Desarrollo Urbano desde la gestión de Jorge Colombo hasta la segunda de Marcelino Gatica, había sugerido idénticas recomendaciones.

Medida inédita

El destacado penalista Carlos Nayi le aportó a este semanario el dato de que no obra en Córdoba ningún antecedente sobre una imputación similar -homicido culposo- para un exfuncionario ni para funcionario en actividad. Estaríamos frente a una disposición inédita en la jurisprudencia cordobesa. Tampoco habría registros similares a nivel nacional ni en otras provincias.

Claudio Minoldo

Claudio Minoldo

2 comentarios:

  1. Penal habla de la responsabilidad por “imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo”. Implica, de ser hallado responsable en juicio, una pena de entre seis meses y cinco años e inhabilitación especial de entre cinco y 10 años.
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