
Larisa Monetto se desempeñó durante 12 años como profesora de Educación Física para la Municipalidad de Jesús María, pero decidió renunciar tras pedir acciones en contra de un compañero que la acosaba y sin lograr que las autoridades hagan algo al respecto. O al menos, ella lo sintió de ese modo.
La reciente aparición pública de ese compañero en una inauguración municipal enfureció a la mujer y decidió hacer pública la situación vivida que incluyó una denuncia judicial en mayo de 2017.
“Después de informes, denuncias y pedidos de ayuda nos separan a ambos del cargo... pero... a él lo empoderaron poniéndolo en un cargo superior del que estaba y yo termine renunciando después de tanta hipocresía a un trabajo de 12 años. Si yo no hablo esto seguirá pasando...”, señaló la mujer en su muro de Facebook.
“Nos cuidemos entre todas -agregó en su publicación-. No vayan al vivero municipal. Y a la Municipalidad: lean los legajos de empleados así, se están llenando de tierra archivados”.
La reacción de las organizaciones que pelean por los derechos de la mujer y en contra de la violencia de género de esta zona no se hizo esperar.

En la publicación, señalan a Ramón Fernández como el presunto autor de los hechos de acoso que le endilga Monetto. Fernández era el portero del Polideportivo municipal de barrio 17 de octubre donde desempeñaba sus actividades Monetto.
El hostigamiento al que refirió la mujer se produjo a través de redes sociales con mensajes permanentes y hasta fotografías y videos que el propio acusado le sacaba o filmaba cuando ingresaba a trabajar. .
Todos estos hechos fueron denunciados internamente a los mandos medios y autoridades responsables del área de Deporte, primero, y a la Fiscalía de Instrucción después.
Fuentes de la Fiscalía señalaron a este medio que con toda la prueba colectada no encontraron motivo suficiente para imputar al acusado por la comisión de un delito.
Sí tienen clara la existencia del hostigamiento, pero eso podría constituir más bien una contravención antes que encuadrar en una figura delictiva y que de lugar, por ejemplo, a una orden de restricción.
La defensa del municipio

Tras la difusión del caso, el municipio emitió un comunicado oficial en el que sentó su postura: “El involucramiento del municipio en el tema, a nivel legal y administrativo, fue inmediato. De eso da cuenta el propio expediente abierto para dar curso a la denuncia de la empleada. La denuncia administrativa interna se concretó el 14 de mayo de 2017 y el 17 de mayo, sólo 3 días después, pedimos ratificar esa denuncia ante la Unidad Judicial local e incluso personal de Dinaf acompañó a Monetto en ese trámite”.
Ese mismo día se dispuso a título preventivo, y en función de la denuncia existente, el traslado del empleado acusado de presunto acoso al Vivero Municipal. El municipio quedó a la espera de una resolución judicial que no hubo hasta ahora antes de tomar algún tipo de medida sancionatoria.
No hay comentarios:
Publicar un comentario