Por: Marianela Tabbia (De nuestra redacción)
Un número por sí solo no tiene significado pero si se lo acerca a una problemática que no deja de crecer, habla: 17 denuncias promedio por día. Ése es el resultado difundido por la sede de Tribunales en Jesús María en el último año, pero aún queda por establecerse a qué tipo de violencia pertenecen y hacia quiénes. Los casos vienen aumentando, según lo revelan las estadísticas.
El Colegio de Abogados, a través de un proyecto de ley, propondrá la constitución de un juzgado de primera instancia de violencia familiar y de género. El texto ya fue presentado con anterioridad por lo que, esta vez, la delegación local busca incluir firmas para fortalecer el reclamo. Durante los viernes de abril, instalarán una mesa para reunir adhesiones en las localidades de la zona y brindar asesoramiento gratuito a quien lo solicite.
En la actualidad, funciona una Secretaría de Violencia que recepta los casos que recaen en las manos de dos jueces que atienden además, todas las presentaciones del norte cordobés que se llevan a cabo en cada área ya sea civil, comercial, penal y laboral.
“Lo que pedimos es que a esta Secretaria se le asigne un juez y que sea un fuero específico con un equipo interdisciplinario. La importancia de esto es que este juzgado haga un seguimiento durante el proceso desde que se recibe y que tenga una comunicación directa con la fiscalía porque cuando la víctima realiza la denuncia abre las dos instancias: civil, lo que es violencia y si hay algún tipo de delito, la parte penal”, resumió Gabriela Mira, presidenta del Colegio de Abogados.

“Tenemos que cambiarnos la mirada como sociedad porque la víctima sabe cuándo puede hacerlo (la denuncia), no es cuando quiera. Cuándo puede hablar, cuánto se anima, pero si toma la iniciativa es necesario que esté la red de contención esperándola para acompañarla. La idea es que podamos hacerle más fácil el camino”, continuó Mira.
“Yo transité la violencia -confesó Mira-, entonces cuando vos lo caminás y sabés, podés entender determinadas cuestiones (…) Por eso, digo ‘tenemos derecho todos a vivir sin violencia que no mide situación económica, cultural ni social’. No juzguemos cuestionando ‘¿Por qué no lo dijo antes?, ¿Le gustará?’. Solamente el que lo vivió puede entenderlo”.
La abogada criticó, paralelamente a las mujeres que hacen falsas denuncias y no sólo hacen daño a sus propios hijos, sino que ponen en riesgo a otras ya que iniciaron sus procesos en Tribunales.
Más voces que se suman
Desde que la iniciativa comenzó a circular, distintas organizaciones sociales decidieron acompañar el proyecto. El Concejo Deliberante de Sinsacate a través de la resolución 3/2018 decretó de interés municipal la solicitud.
Las asociaciones Mujeres construyendo Futuro, Vivas nos Queremos y Sí Mujer se involucraron en la junta de firmas y difusión del pedido. Dos integrantes de estos espacios compartieron su mirada al respecto: Anahí Rodríguez y Yazmin Meza Gómez.

Falta de capacitación, escasos recursos y prejuicios de parte de los organismos del Estado siguen vigentes. Anahí confesó: “Es grande el esfuerzo en estar concientizando, diciendo ‘dale, anímate, salí’ y, a la vez, mostrar la otra cara de la realidad que es la violencia institucional porque es fuerte y contradictorio para la víctima. La mujer termina teniéndole miedo al afuera en vez de lo contrario”.
Por su parte, Yazmín remarcó la cantidad de denuncias que no se registran en las estadísticas: “A mí me ha pasado de acompañar chicas que han estado todo el día y que se comunicaron conmigo porque la policía las rebota y que me dijeron ‘¿sabés qué? No la hago’. Te quedas con esa impotencia…”
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