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Proponen subastar motos y autos secuestrados sino se reclaman después de seis meses

Se trata de un proyecto normativo que ingresó al Concejo Deliberante la concejala Verónica Búa con el que se pretende achicar el espacio que ocupan los vehículos en el depósito que alquila el municipio.

Para poder tener en guarda las motos y vehiculos que el municipio de Jesús María secuestra en procedimientos de tránsito tiene que alquilar un predio, que tiene un costo mensual de $ 30 mil, y colocar personal de guardia para cuidar la integridad de ese material que está en depósito.
El problema es que se han ido cumulando con el correr de los años cientos de motocicletas y varios automóviles sin que nadie venga a reclamarlos o que pague la multa que le labró el municipio a través de los inspectores de la Guardia Urbana Municipal. Así, por ejemplo, hay 100 motos que llevan en depósito municipal tres años o más, y otro tanto que lleva dos años o más. Del total de motos secuestradas en procedimientos, 70 no tienen ninguna titularidad registral, esto es, no se sabe de quién son porque nunca fueron inscriptas en el municipio ni portaban documentación quienes las manejaban.
También hay 15 autos, 1 camioneta, y un carro en el depósito sin que nadie haya ido a reclamar por ellos ni a regularizar su deuda.
Frente a esa problemática y, frente a la posibilidad de que ese número se incremente, la concejala Verónica Búa presentó un proyecto de ordenanza que le permitiría al municipio “sacarse” de encima esa responsabilidad a través de tres herramientas: la más extrema es la de la desnaturalización o destrucción para el caso de vehículos que no sirvan o sean peligrosos, pero también se prevé la herramienta del uso, es decir, ponerlos a disposición de las reparticiones del municipio en las mismas condiciones que otros vehículos y tal como se hace regularmente con bienes que la Justicia resuelve entregar a instituciones intermedias.
También está prevista la subasta pública de eso bienes para que con el resultado de esa compulsa se paguen las multas adeudadas al municipio y el vehículo o motovehículo se vaya del depósito y libere lugar allí.
Claro está que ni funcionarios ni empleados municipales ni sus parientes hasta en segundo grado de cosanguinidad podrían participar de las subastas públicas de esos bienes.
Esos fondos recaudados le permitirían al municipio afrontar parte de los costos que demanda hoy el alquiler del depósito y no distraer personal para el cuidado de esos bienes.
Municipios como Alta Gracia, Cosquín y de la ciudad de Córdoba tienen heramientas similares que les han dado buenos resultados.
Claudio Jose Minoldo

Claudio Jose Minoldo

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