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Habrá licencias especiales para municipales que sean víctimas de violencia doméstica y de género

El Día de la Mujer ingresó un proyecto de ordenanza común a los municipios de Jesús María, Colonia Caroya, y Sinsacate.

En consonancia con las leyes nacionales 26.485 y 26.743, y las leyes provinciales 9283 y 10318 -que abordan la problemática de la violencia familiar, doméstica y de género- que establecían licencias especiales para aquellas víctimas del flagelo y que desempeñaran funciones dentro de esas jurisdicciones, concejales de nuestra región acordaron trabajar un proyecto de ordenanza que establece idéntica licencia, pero dentro del ámbito municipal. En las tres ciudades, el proyecto ya ingresó al Concejo.
El otorgamiento de la licencia tiene varias intencionalidades. En primer término, eliminar la discrecionalidad, esto es, que el otorgamiento de la licencia dependa del albedrío de una persona, un mando medio, o un funcionario. También, que le permita al agente municipal que es víctima de violencia que pueda hacer los trámites administrativos y judiciales pertinentes a su causa o que puedan utilizar esa licencia para recuperarse de golpes o agresiones recibidas. Y lo que es fundamental: que se puedan llamar las cosas por su nombre y que se pueda ejercer un derecho que protegen leyes.
Históricamente, una persona víctima de violencia pedía “licencia por enfermedad” cuan-do, en realidad, había recibido una golpiza. Lo que se busca, con esta ordenanza, es visibilizar una problemática, dejar de esconderla, y amparar a la víctima cuando necesita el acompañamiento del Estado.
Como bien señaló durante la presentación del proyecto la concejala jesumariense Verónica Búa, una de las autoras del proyecto: “Para nosotros no es menor poder llamar a las cosas por su nombre. Está claro que una mujer golpeada podría hacer uso de una licencia por enfermedad, figura que el estatuto prevé, pero nos parece que no es lo mismo estar en cama porque te pegaron que estar en cama porque te enfermaste. Los derechos se sostienen y se dicen como son”.
“No queríamos -añadió Búa- que el otorgamiento de la licencia quede sujeto al albedrío de ninguna persona dentro de la administración municipal ya que se trata de un derecho efectivo y, en consecuencia, exigible por parte de cualquier víctima”.

Nuestra zona, comprometida
Valga como ejemplo reciente y regional que, desde 2016, Caroya y Jesús María comenzaron a ofrecer tratamiento a hombres que ejercen violencia, una experiencia inédita en todo el territorio provincial y que fue consensuada por dos municipios “medianos”.
Además, los equipos municipales de ambos municipios trabajan con perspectiva de género cuando menos desde hace una década. Ese trabajo ya atravesó a tres intendencias distintas y de diferentes partidos políticos.
En este caso, el proyecto normativo no hace más que ratificar el compromiso que diversos funcionarios (en este caso electivos) tienen sobre la materia y que refuerza lo que ya se venía haciendo.
El articulado de la norma prevé que se añada al estatuto del empleado municipal la figura de la licencia de hasta un máximo de treinta días por año calendario -continuos o discontinuos-, renovables excepcionalmente por igual período, como consecuencia del padecimiento de violencia familiar, de género o contra la mujer.
Las actuaciones, por su naturaleza, tendrán carácter reservado, de modo que los agentes y funcionarios que intervengan en la tramitación de la licencia, deberán guardar secreto incluso después de que cesen en sus funciones.
Claudio Jose Minoldo

Claudio Jose Minoldo

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