El 27 de octubre en Jesús María, se realizará una Audiencia Pública para evaluar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) correspondiente al Proyecto “Loteo Alto Los Molinos” que tiene 13 hectáreas de superficie y está emplazado en una zona de la ciudad gravemente afectada por las inundaciones del 2015, a escasos metros del río Guanusacate.
Sin embargo, para su evaluación sólo se alude a que la superficie afectada al loteo es superior a 3 hectáreas y que requiere contar con EIA para obtener Licencia Ambiental por parte de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, pero en ningún lado se menciona la gravedad de las inundaciones que vivimos en 2015 ni sus efectos.
La audiencia, recabar la opinión de la ciudadanía, y la licencia ambiental parecen parte de un proceso participativo y democrático. Sin embargo, cuando intenté intervenir en carácter de afectado directo por el proyecto, me fui topando con varios condicionantes que me llevaron a pensar que la audiencia sólo se trata de una formalidad y que su objetivo final nada tiene que ver con recabar nuestra opinión. ¿Por qué?
A. No existe un acceso real a la Información Pública y Participación Ciudadana. La información no estuvo disponible y si lo estuvo fue a un costo no asequible para la toda la población. La publicación de la convocatoria fue realizada de modo tal que sería un logro para el público enterarse, ya que sólo se publicaron edictos en el boletín oficial y en dos medios locales (uno de ellos sólo digital) como cumplimiento de una mera formalidad, sin garantía alguna de que la información llegue a los ciudadanos afectados por el proyecto.Es más, el EIA todavía no fue subido en la página habilitada por el organismo http://leydeambiente.cba.gov.ar/category/audiencias-publicas/. Si uno quiere ver el proyecto, tiene que ir en horario de atención al público de la Secretaría (en la ciudad de Córdoba), no puede tomarle fotos, y sólo puede obtener copias provistas por la Secretaría -previo inicio trámite SUAC- que emitirá cedulón para ser abonado en Rapipago. El costo actual de cada copia es de $6,50 y el EIA en cuestión tiene más de 100 páginas. Hay que ser un valiente ciudadano, tener bastante tiempo y dinero de sobra como para sortear todos estos “obstáculos”, ¿No les parece?.
B. Ausencia total de Control del Estado en el Proceso de Evaluación Ambiental. En mayo, hicimos una presentación ante la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, solicitando hagan cesar todas las actividades que se realizaban en el Loteo, en función del riesgo latente que tiene la zona donde se emplaza (por el escurrimiento de las aguas y la cercanía del río) y atendiendo a que se habían iniciado actividades allí sin las habilitaciones correspondientes. Nunca nos respondieron y tampoco sabemos si la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI) valoró los datos que aportamos. Más grave aún, la Secretaría está realizando la evaluación ambiental, con informe de pre factibilidad (según figura en el proyecto disponible), sin considerar mínimamente que el loteo que están evaluando se encuentra CLAUSURADO por Policía Ambiental por infracción a la Ley 10.208, tras la presentación realizada por vecinos de la zona ante la Secretaría de Recursos Hídricos.
C. Se deja de lado la existencia de contingencias futuras para la sociedad en pos de una elevada rentabilidad privada a corto plazo. Un Estado que no puede responder y solucionar las contingencias ya existentes demuestra, en este caso, su total falta de criterio y la irresponsabilidad de los funcionarios de turno. ¿Cómo llaman a una audiencia para poner bajo análisis un proyecto en una zona castigada por la inundaciones del año 2015, una zona que se encuentra a solo 50 metros de una barranca que durante los últimos eventos del 2015 perdió importante territorio colindante (hasta más de 150 metros), una zona que mendiga en la Provincia protección de sus márgenes por lo expuesta que se encuentra, donde los vecinos comunes miran al cielo implorando que la lluvia, algo que hasta hace poco celebrábamos, no sea motivo de zozobra y preocupación?.Hoy, ese mismo Estado, con fondos provenientes de una sociedad agobiada por la carga fiscal, tiene el despropósito de seguir con sus políticas públicas de antaño, poco democráticas en pos de asegurar rentabilidades extraordinarias a determinados sectores, en detrimento de la vida y bienes de la comunidad en general. Los costos de estas rentabilidades extraordinarias son, luego, asumidos por la sociedad en general con mayores impuestos y en particular por la población que habita las zonas más vulnerables a catástrofes climáticas.
No puedo asegurar que será del loteo, de sus compradores (nuevos vecinos) y de nosotros (vecinos actuales), con los riesgos que denunciamos y a los cuales seguiremos estando expuestos. Pero algo si me queda claro: Están advertidos de nuestra situación y si no prestan oídos a nuestros reclamos, el tiempo será el mejor juez de quienes tienen en sus manos la protección de nuestros bienes, vidas e intereses frente al avance de un loteo privado, el Primer loteo privado que se realiza en Jesús María luego de las inundaciones de 2015, a pocos metros de un río que se desboca y arrasa con todo.
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