Por: Leonardo Rossi (De nuestra redacción)
Días previos a la restricción provincial del uso de 2,4-D, Colonia Caroya había limitado la aplicación de otro herbicida hormonal que afecta severamente a la vid: el dicamba. La ordenanza restringe las aplicaciones de este producto entre los meses de agosto y diciembre, aunque este año corre desde septiembre. “Era una demanda importante e histórica de los productores vitivinícolas”, resaltó la concejal oficialista Cecilia Migotti (MPR).
Agosto-Diciembre
Al igual que con el 2,4-D diversos estudios y ensayos advertían el daño que este herbicida aplicado a cultivos extensivos causa en las vides. Entre los fundamentos de la ordenanza esto queda de manifiesto. “La vid se ve seriamente afectada” por este producto “que provoca alteraciones en la planta ocasionando daños como: detención en el crecimiento de brotes, corrimiento y falta de madurez o madurez despareja”. “La consecuencia de estas alteraciones son disminución del rendimiento pero peor aún, debido a las exposiciones reiteradas año tras año, los viñedos pierden su capacidad de producción quedando obsoletos”, remarca el texto normativo.
En esa línea, apunta que “en estas circunstancias la inversión privada, tan necesaria para diversificar y potenciar esta economía regional, se encontrara con la incertidumbre acerca del futuro de los viñedos caroyenses, que al no tener la debida protección técnica normativa, probablemente tiendan a desaparecer”.
Dentro del articulado, el primer punto “establece la restricción del uso de productos que contengan en su formulación el principio activo Dicamba, en el ejido de la ciudad de Colonia Caroya, desde el 1 de agosto al 31 de diciembre, con el objetivo de proteger la producción local”. Destacan, entre otros artículos, el sexto que indica que en los meses de restricción “la tenencia por parte de los agricultores de dicho herbicida, constituye presunción de utilización con fines fitosanitarios”.
Y el séptimo artículo, plantea que durante el lapso de prohibición el proveedor “deberá hacer constar bajo Declaración Jurada del adquirente, su aplicación fuera del ejido de la ciudad de Colonia Caroya”. En esa dirección se propone un trabajo regional, instando al Ejecutivo a “invitar a autoridades de municipios vecinos para suscribir acuerdos de coordinación y armonización de políticas contenidas en la presente ordenanza”.
Defender la vid
Haber alcanzado esta norma fue un largo proceso motorizado fundamentalmente por los productores vitivinícolas. Un texto en este mismo sentido, redactado por Adolfo Grión, permanecía en el Concejo Deliberante desde la gestión anterior. Con esa base se trabajó desde el año pasado a partir de la nueva composición legislativa.
Tras consultas a técnicos, productores, académicos y representantes del sector de la agricultura extensiva se “buscó alcanzar un texto consensuado, para que tenga realmente una aplicación efectiva”, sostiene Migotti. Además, esta tarea estuvo en articulación constante con lo que se fue trabajando junto a la Provincia y derivó en la restricción del 2,4-D.
Finalmente, de forma unánime los actuales ediles acompañaron la iniciativa.
“Lograr esto, es poder dar un paso más para seguir manteniendo la vid que tanto hace a la identidad de nuestra ciudad”, celebró la concejal luego de más de nueve meses de trabajo en torno a esta ordenanza.
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