El Estado tiene que garantizar que toda nueva urbanización no suponga que la comunidad tenga que abosorber sus consecuencias.Las parcelas agropecuarias y las zonas urbanas conviven cada vez menos. Quienes viven en zona urbana no quieren que las actividades del agro impacten negativamente sobre su calidad de vida. Y en muchos casos, una parcela productiva quedó dentro de un casco urbano sin posibilidades de explotar la actividad.
Es razonable, entonces, que el propietario de una exparcela agropecuaria quiera convertirla en urbana. Por lo general, esa conversión supone negocios millonarios y no hay nada malo de ello.
Pero lo que sucedió durante mucho tiempo -hasta hace no demasiado- fue que el Estado se hizo cargo de la reconversión, es decir, a esos loteos les aseguró la prestación de todos los servicios más la apertura de calles -con dinero de todos los contribuyentes- y entonces el negocio se convirtió en doblemente millonario.
La otra cosa que el Estado no tuvo en cuenta fue el impacto que una nueva urbanización trae aparejada. En muchos casos, se duplicó la superficie existente de un determinado barrio para el que no se previeron mejores arterias, mejores vías de comunicación, y generando complicaciones por falta de planificación.Nuesta zona no fue excepción sobre este asunto y la deuda del Estado municipal sigue siendo la planificación del crecimiento. El mejor ejemplo lo tenemos sobre los loteos que se pretenden aprobar casi sobre las márgenes de los ríos, donde la erosión nos dejó sin riberas consolidadas, sin obras de defensa construidas, y al borde de barrancones peligrosos de muchos metros de altura.
Más allá del apuro de los privados por generar enormes negocios inmobiliarios está la previsión, sobre todo si nos amparamos en el desastre ambiental que generaron las crecientes entre 2010 y 2015. Es el Estado quien tiene que ser capaz de ordenar sin desordenar.
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