Hace alrededor de un mes, intendentes enrolados en Cambiemos exigieron al gobierno de Córdoba el reparto de 1.621 millones de pesos, incluyendo el 15 por ciento de coparticipación que Córdoba recuperó a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Esta suma correspondía al período abril-julio pasado, ya que los municipios firmaron con la Provincia el denominado pacto fiscal, que les impide reclamar deudas hasta el 31 de marzo de este año.
Durante ese período, Jesús María resignó ingresos por $ 13 millones; Caroya, por $ 8 millones; y Sinsacate, por $ 1,8 millón. Aunque menos, Vicente Agüero también resignó $ 350 mil.
Los intendentes apuntan sus reclamos a tres rubros: el excedente del Fondo del Conurbano Bonaerense, que serían 341 millones de pesos. Impuesto a los Bienes Personales que suman casi 133 millones de pesos y el Fondo de Financiamiento Educativo, que llega a los 434 millones de pesos.
“Claramente la coparticipación va perdiendo terreno en relación a las necesidades del municipio. Antes, era casi el 60 por ciento de los ingresos totales de los municipios medianos y grandes y mucho más para las comunas. Considerando que este año el crecimiento interanual va a estar en un 25 por ciento cuando la inflación va a terminar casi en el 40 por ciento, esto hace que sea cada vez más escaso y menos significativo el aporte de la coparticipación en relación a los ingresos totales”, señaló Gabriel Frizza, intendente de Jesús María.
“La generación de tributos especiales que no son coparticipables -añadió Frizza- perjudica directamente a los municipios y a la autonomía que tenemos respecto del gobierno de Córdoba, independientemente del signo político que tengamos”.
Frizza defendió la idea que se respete el piso del 20 por ciento que está establecido en la ley nacional y que, así como va de la Nación a la Provincia, del mismo modo vaya de la Provincia a los Municipios, sin excluir ningún fondo e independientemente de su fecha de creación. “Cada vez tenemos más responsabilidades que afrontar en forma directa con nuestros vecinos. Sin ir más lejos, nuestra incumbencia en cuestiones de seguridad como apoyo. Lo mismo se aplica a la salud o a la educación. Lo mismo con niñez y ancianidad, y ni hablar del deporte. Eso nos ha generado erogaciones por fuera de nuestras posibilidades. Esta discusión es legítima y si queremos mantener la autonomía no deberíamos depender de los aportes que la provincia quiera ofrecernos, sobre todo cuando hablamos de obras de infraestructura importantes”, acotó el jefe comunal.
Sobre el cierre de esta edición, el gobernador mantuvo una reunión con el presidente Mauricio Macri que podría resolver el reclamo de los intendentes.
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