Diego Almada, Pablo Marchetti y Gabriela Mira analizan las dificultades para ejercer una política de impacto.
Por: Leonardo Rossi (De nuestra redacción)
“Falta de continuidad en las políticas”, “Desarticulación entre los diversos niveles del Estado”, “Escasez de recursos”. Estas frases se repiten a lo largo de los años y en estos días no se da una excepción.
Primer Día convocó a tres referentes a reflexionar acerca del abordaje que realizan los estados locales en torno al consumo problemático de sustancias en los jóvenes, las diversas iniciativas lanzadas año tras año y su falta de constancia, y el panorama ante un escenario social complejo.
“El doble discurso de un sistema que alienta a los consumos desmedidos y deja afuera a un segmento importante de la sociedad es parte de la raíz que se torna difícil de abordar”, plantea Pablo Marchetti, a cargo de las Consejerías de Consumo Problemático de Colonia Caroya.
Desde Jesús María, el titular de Salud, Diego Almada, agrega: “Tenemos que reconocer los distintos niveles del Estado no estamos trabajando de forma coordinada”.
Gabriela Mira, presidenta del Colegio de Abogados-Jesús María remata: “Las adicciones no se solucionan en un escritorio, hay que caminar los territorios y ése es el gran déficit que veo”.
Doble moral
La conformación de espacios multireligiosos para tratar la temática de adicciones (2010), la realización de foros regionales (2013), el diagnóstico sobre consumo problemático en Colonia Caroya (2014) son sólo algunos de los antecedentes que marcan un interés en la región por tratar la temática.
A su vez los cambios de enfoque desde las políticas municipales pueden ser vistos como discontinuidad, pero más bien refieren a una actualización necesaria en el abordaje de estos temas. No obstante en el medio, reconocen los propios especialistas en la materia, “hay un avance marcado de la problemática”.
Para empezar hay que aclarar que los consumos problemáticos tienen varios niveles y complejidades. No por legal, el alcohol ocupa uno de los lugares principales en este sentido. Claro que marihuana, cocaína, pasta base, drogas de diseño, también entran en el listado de sustancias que preocupan. ¿Cómo abordar un diálogo abierto, sensato, propositivo y que realmente tenga incidencia sobre estos temas? La dificultad no es menor. Mientras municipios como Jesús María y Colonia Caroya tienden al enfoque social de la problemática, las políticas nacionales y provinciales de seguridad criminalizan a cierto perfil de adictos, y avalan la incitación a un consumo desmedido de sustancias psicoactivas .
“Seguir con el tema del narcomenudeo es un tiro al aire”, dice Almada. Para observar este enfoque que entiende erróneo de la temática, señala que por ejemplo “el Ministerio de Salud de la Provincia tiene un área de adicciones que está por fuera del área de salud mental, cuando la OMS considera que debe abordarse desde ahí”. A lo que hay que agregar que “no se le da un enfoque social”.
Marchetti pone el foco en “el consumo como cuestión de adoctrinamiento social” pero que “después se disocia en los sujetos que no cumplen ciertas normas de consumo y tienen problemas, necesitan aparte a las áreas de salud, desarrollo social, para poder controlar el déficit que aquellos consumos generan”.
El funcionario caroyense toca un tema clave: “Hay ciertas pautas como el consumo de alcohol que tienen un guiño, con fiestas populares, publicidad, y eso no va asociado a un plan asociado de consumo responsable. Meterse con eso, muchas veces es tocar grandes empresas, que obviamente no quieren siquiera pagar un canon para campañas de concientización”. Sobre este punto coincide Almada, quien recuerda que por esta sustancia hubo tres casos de internación con coma en la zona de 2010 para acá, y “eso ocurrió con un producto aceptado socialmente”.
Una lucha desigual
Jesús María trabaja actualmente con grupos focales donde los propios jóvenes comparten sus problemas y necesidades en torno a estos temas. “Hay una gran necesidad de los chicos de problematizar sobre estos temas, plantean la necesidad de ser escuchados y es un número importante. Si uno observa datos de SEDRONAR, el 80 por ciento de los jóvenes presenta situación de riesgo en cuanto a consumo que va desde el alcohol, el tabaco o energizantes”. A partir de ese diagnóstico, “buscamos asignar los recursos que son escasos a la persona que lo necesita”. Almada reconoce que hay una discusión al interior del Estado acerca de “si se hace promoción o algo terapéutico para ver dos o tres pacientes o establecés una red de servicios que pueda contener en toda su dimensión la problemática”. En su caso se inclina por la segunda, pero admite un déficit en “involucrar a toda la sociedad, a la Justicia, y poder trabajar con los otros niveles del Estado (Nación y Provincia)”.
Sobre este punto, Gabriela Mira apunta que “nunca se implementó, por ejemplo, un acuerdo entre los tres municipios de la zona para crear un sistema de atención acorde a las necesidades que existen”. “Eso no sería costoso, por lo que entiendo que es falta de voluntad política”, agrega. Aunque reconoce que se han hecho trabajo con las instituciones educativas, también ve una falencia importante allí. “Falta mucho trabajo con las escuelas, que son un lugar clave. Todavía hay instituciones que no te dejan entrar a hablar de estos temas. Entonces hasta que no nos sinceremos, y ahí hay que incluir la obligación de los padres, para tratar como sociedad esto va a seguir avanzando de forma grave”.
Marchetti anticipa que Colonia Caroya avanza en institucionalizar el área que coordina mediante ordenanza para poder facilitar el trabajo en red con sectores especializados de Nación, Provincia, ONG’s en el mismo sentido que plantea Almada.
No obstante advierte que “mientras la gran fuerza de los gobiernos siga enfocado en la oferta de algunas sustancias y no en transformar las condiciones que hacen que los sectores más vulnerables recurran a ciertos consumos se torna difícil”.
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