Si existe un problema hoy con las autoridades nacionales es que parecen no tener un Plan B, una opción que no sea ajuste, tarifazo, desempleo, inflación. Muchos argentinos nos estamos recién dando cuenta del descalabro económico que heredaron las actuales autoridades. Lo que no sabemos es cuánto tiempo demandará revertir esa situación. ¿Será el mismo tiempo que llevó el descalabro?
Nos hemos quedado sin recursos energéticos, tenemos que comprarlos, y tenemos que actualizar las tarifas, repiten los funcionarios en cada ocasión que tienen.
El problema es que lo piensan desde el razonamiento de personas que nunca estuvieron en lo bajo de la pirámide social, de personas que tuvieron oportunidades de formación en el exterior, y que desde la comodidad de una oficina deciden cosas sin capacidad de empatizar con los que menos tienen.
Pese al enorme avance que supone la asignación universal por hijo, no todas las familias de escasos recursos las perciben. ¿Por qué? Sencillamente porque la contraprestación que el Estado exige es escolarización y calendario de vacunas al día.
Y, aunque parezca increíble, hay una enorme cantidad de niños y adolescentes que no están escolarizados, que desertaron, y que ni siquiera concurren a los dispensarios a cumplir con el cronograma de vacunas obligatorio. Son los excluídos del sistema, los que están fuera de la mayoría de las ayudas, los desamparados, para los que el gobierno no tiene un Plan B.
Y, aunque parezca increíble también, muchas de esas familias viven en Jesús María o en Colonia Caroya. No aparecen en ninguna estadística, son los que mendigan casa por casa, que viven de changas, que no pueden sostener un trabajo porque representan el caso de pobreza estructural más vergonzante y en pleno siglo 21.
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