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Una aire de esperanza para los vecinos de Candonga

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Una resolución judicial y reuniones con la Provincia hacen prever que se frenará el barrio privado que avanza allí.

Por: Leonardo Rossi (De nuestra redacción)

El conflicto entre la Asamblea de Vecinos del Chavascate y la empresa Ticupil por el uso del suelo y el agua en la zona de Candonga tuvo un nuevo episodio. Esta semana la organización vecinal celebró una resolución judicial que abre la puerta a una inminente resolución sobre el fondo de la cuestión, es decir que se defina si el emprendimiento inmobiliario viola o no la legislación ambiental. Además, los asambleístas se reunieron con Fabián López, ministro de Ambiente, quien habría prometido una resolución que frene las obras hasta tanto se dicte esa sentencia.

Historia. El enfrentamiento entre pobladores de la zona de Agua de Oro, El Manzano y Cerro Azul con Ticupil tiene sus orígenes en 2010. Desde ese año, autorizaciones de la Provincia permitieron que empezara a caminar la iniciativa de montar un barrio privado en 150 hectáreas linderas a la capilla de Candonga, y donde se ubica un área clave respecto al abastecimiento de agua de los poblados serranos. Los cruces alcanzaron la instancia judicial, y un fallo del ex juez de Jesús María José Sartori permitió a la compañía continuar con su propuesta. 
  La Asamblea basó sus argumentos contra el proyecto en el incumplimiento de la Ley General del Ambiente y de la Ley Provincial de Ordenamientos de Bosques Nativos. El principal planteo pasa por hacer respetar el principio precautorio que establece que toda actividad que implique un posible daño irreversible sobre el ambiente debe ser frenada hasta tanto se demuestre que esto no ocurrirá. También se planteó que la ubicación de parte del proyecto afecta a zonas de alto valor de conservación según define el ordenamiento que se ajusta a la Ley Nacional de Bosques.  
  Tras esa resolución, los vecinos apelaron y la causa derivó en la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial 4° nominación de la Ciudad de Córdoba. Al demorarse la resolución, desde la empresa y la Secretaría de Ambiente presentaron un recurso de perención de instancia, para que al no expedirse este tribunal quedara firme el fallo de Sartori. Esta semana ese pedido fue rechazado. “Fue una estrategia para embarrar, y les salió mal. Ahora ese tribunal se debe expedir pronto. Y las omisiones que hubo en la primera instancia sobre la violación a la legislación ambiental entendemos que no se repetirán, porque aquí es un tribunal y el fallo debe tener una argumentación más sólida”, apunta Juan Smith, abogado de los asambleístas.

Judicial y político. “Desde hace rato venimos esperando que se resuelva el fondo de la cuestión, y esto que surgió por una chicana de ellos, entendemos que nos terminará siendo beneficioso”, dice el abogado. Para Smith este reciente fallo “es para celebrar” ya que “es claro que el proyecto es ilegal bajo la normativa provincial y nacional, y esto debe quedará explícito cuando surja la próxima resolución del tribunal”. “Estamos muy confiados”, enfatizó. 
En el seno de la Asamblea de Vecinos del Chavascate también hubo festejo. Carlos Álvarez, uno de los miembros de esa organización, valoró este guiño judicial. El referente de los asambleístas contó que días atrás tuvieron una reunión con el ministro Fabián López para consensuar una resolución que ponga freno a cualquier actividad de la empresa hasta que se resuelva la cuestión judicial. “Nos dio su compromiso, y eso es clave porque el tema es más político que jurídico”, agregó Álvarez para explicar la lectura que hacen del fallo. En este escenario, la empresa tendría en breve frenada su actividad por una medida administrativa del Gobierno provincial, y de prosperar la instancia judicial también estaría bloqueada por esa vía. Así las cosas, Ticupil debería avanzar hacia un tribunal superior, con la demora y freno de obras que eso supone.


Autor
Claudio Jose Minoldo

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