Tres años y un mes después de la histórica protesta de Gendarmería en las calles de esta ciudad y de todo el país, el juez Federal Nº 3, Raúl Sánchez Freytes, falló a favor de alrededor de 50 gendarmes que solicitaron la inconstitucionalidad del Decreto presidencial 1307 que permitía el pago de suplementos en negro. Este fallo impactará directamente en otros 800 reclamos que esperan resolución en la Justicia Federal de Córdoba.
El abogado Mauricio Arriagada, de la firma Abogados de Gendarmes y Asesores profesionales Numa, se mostró satisfecho con la resolución: “Se trata de una nueva conquista. Desde las protestas de octubre de 2012, se logró que el personal cuente con ART, que no se pueda despedir a un gendarme sin motivo, y ahora que puedan tener el 100 por ciento del salario en blanco”. La medida impactará, añadió Arriagada, en las futuras liquidaciones de retirados y pensionados que perdían casi un 70 por ciento de la remuneración cuando llegaban a la vida pasiva.
Asimismo, el fallo estableció que se debe incorporar como remunerativos los adicionales y liquidar con intereses la diferencia desde 2012 hasta la fecha.
“No se puede permitir que se abonen sumas en negro, es decir no remunerativas, ni bonificables, que afectan en la cantidad y en la calidad de sueldo, y en este caso hablando de personal bajo estado militar se tiene la obligación de suplir al sindicato, y evitar con decisiones jurisdiccionales que se produzca malestar dentro de la fuerza, como ocurrió años anteriores”, señaló el magistrado en el fallo, quien también reconoció que gendarmería debe pagar horas extras y no enmascararlas bajo el título de “suplemento de mayor exigencia de servicio”.
La recomposición tan ansiada. Durante la década menemista, el personal de Gendarmería no obtuvo actualizaciones salariales. Con la interposición de algunas medidas cautelares, a partir de 2010 mayoritariamente, una gran parte del personal comenzó a cobrar un salario más acorde a la situación económica del país. De hecho, los cuadros superiores pasaron a cobrar unos salarios astronómicos en relación a los más bajos del escalafón, los aspirantes a gendarme. Se podía dar el caso de que un comandante mayor cobrara más de 50 mil pesos contra alrededor de 3 mil que se le liquidaba a un aspirante.Para enmendar ese abismo, el gobierno nacional no tuvo mejor idea que modificar todo el escalafón salarial a través del decreto 1307, con el resultado de que algunos gendarmes perdían entre el 60 y el 70 por ciento de lo que cobraban vía judicial. Por eso, en los primeros días de octubre de 2012, miles de aspirantes, gendarmes, aspirantes a suboficiales, suboficiales, y hasta oficiales salieron a las calles al grito de “el sueldo no se toca”.
La medida correctiva no se iba hacer esperar y, un año más tarde, 56 gendarmes eran notificados de la baja de la fuerza de seguridad. La interposición de un recurso de amparo logró que 44 de ellos sean reinstalados en sus puestos y que el juez diga que para “echarlos” tenían que iniciar un procedimiento mejor fundamentado.
En una fuerza donde existe la costumbre de que mande el temor reverencial antes que el derecho, resulta saludable que la Justicia ilumine la cuestión y obligue al Estado Nacional a cumplir con las leyes vigentes.
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