Por: Leonardo Rossi (De Nuestra Redacción)
Con un par de semanas en funciones las autoridades caroyenses empiezan ya a hilar fino en críticas a la gestión anterior por lo que entienden han sido “graves” desajustes económicos. La lista de observaciones es extensa, y va desde excepciones en loteos en perjuicio de dinero y tierra que debía percibir el Municipio hasta fondos provinciales que tenían como fin la infraestructura escolar desviados a otras actividades. El nuevo Ejecutivo, que espera tener una resultado preliminar de la auditoría interna antes de fin de año, no descarta iniciar acciones judiciales contra la anterior gestión.
En varios frentes. Desde la Oficina de la Subsecretaría de Planeamiento Mario Rojas repasa el cuadro de situación que afrontan las diversas áreas de Gobierno. En su rol, bajo permanente diálogo con Gustavo Brandán, revisa los diversos “grises” del mandato precedente a fin de ordenar la administración. “Encontramos muchas situaciones que no son del todo normales, y muy variadas”, introduce.
Uno de los primeros puntos que menciona Rojas es la excepción otorgada por decreto el 21 de septiembre que perjudicó por más de 103 mil pesos al Municipio “al no efectivizarse los pagos por subdivisión y otras tasas por parte la familia Della Casa”. A eso se suma la falta de cesión de terreno de uso común tal como se prevé en la normativa local a cambio de haber permitido la apertura de una calle.
Respecto a fondos del FODEMEEP, sistema establecido en la ley 9.835 que descentraliza dinero provincial para mantenimiento de las instituciones escolares, Rojas arriesga que “más de un millón de pesos de esa partidas se han ido a otras cosas”. “De forma genérica se observa una falta de control sobre lo público y desapego a las normativas vigentes importante”.
En otros rubros, destaca contratos de locación de servicio en los que cuesta establecer qué tareas cumplían las personas. “Había gente con dos contratos que sumaban 25 mil pesos y no se condice con una actividad del Municipio”, agrega. Apunta Rojas que también “se pagó mucho dinero por un sistema informático administrativo que no funciona”. La lista es extensa y suma “maquinaria en estado de abandono e inmuebles destratados”.
Vía judicial. En estas primeras semanas las distintas carteras municipales han comenzado a revisar contratos, ingresos y gastos de cada área, y poco a poco a centralizar la información. En ese sentido, Mario Rojas estima que antes de fin de año habrá un resultado preliminar de lo que se viene auditando. El trabajo no quedará sólo en manos del Municipio sino que se convocará a técnicos de las facultades de Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). “Lo que queremos es tener una base de información propia, y que desde afuera nos aporten su mirada acerca de la situación financiera y administrativa para ver cómo seguimos”, explica.
Rojas asegura que el objetivo de esta tarea “es poner de manifiesto toda la información sobre las cuentas y actividades del Municipio para salvaguardar a los vecinos”. “No hubo planificación y el vecino, que muchas veces hace un esfuerzo muy grande como contribuyente, no puede hacerse cargo de estas irresponsabilidades, de deudas con proveedores, contratos inexplicables u otras situaciones graves”.
El subsecretario de Planeamiento no descarta que alguna de las irregularidades que entiende existieron pueda terminar en alguna instancia judicial. “Vamos a esperar este trabajo, que será exhaustivo, pero algunas cosas que hemos observado hasta el momento pueden llegar a terminar en la Justicia.” Y agrega: “Esto no es de ahora, hubo más de cien resoluciones del Tribunal de Cuentas objetando la legalidad de diversos actos de Gobierno”.
Por último, Rojas sostiene que confía en tener ordenada la situación antes de lo que dice la reciente ordenanza que declaró la Emergencia Económica, que vence el 30 de junio de 2016. A su entender la culminación de este proceso de auditoría “va a permitir recomponer la relación del ciudadano con el Municipio”. Frente a tamaña lista de señalamientos, la difusión pública de la auditoría final avalada por la UNC cobra un sentido vital y urgente para echar luz, y evitar dobles lecturas, acerca del uso de los recursos y bienes del Estado caroyense.
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