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¿De la omisión a la negligencia?

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Por: Álvaro Vucovich (Abogado patrocinante de la acción de Amparo) y Luis Pastawski (Vecino firmante del Amparo Ambiental Colectivo)

Unos días después de que la ciudad sufriera la última de las furiosas inundaciones, con sus efectos devastadores, alrededor de ochenta vecinos iniciamos una acción judicial de Amparo Ambiental Colectivo en contra del  Gobierno de la Provincia de Córdoba, quienes tienen la jurisdicción sobre los ríos de la provincia. Reclamamos que el Poder Judicial haga cesar de inmediato la inacción y omisión de las Autoridades que no cumplían con sus obligaciones, a pesar de que las crecidas no eran algo nuevo,  pues ya desde el  año 2010 se venían produciendo daños causados por el río. Por ello, requerimos a los jueces, ordenen  las obras necesarias que el poder político relegaba, atento al riesgo de que se repitiera la  grave situación vivida.
En un primer momento, las autoridades intentaron negar su responsabilidad aduciendo que se trataba de un hecho extraordinario, un “tsunami del cielo”, a pesar de que el cambio climático era un hecho científico notorio de inquietud  mundial.
Luego de que alrededor de mil ochocientos vecinos adhirieran al  Amparo con sus firmas, y tras dos Audiencias Judiciales donde insistimos con vehemencia en el reclamo, los responsables  aceptaron presentar un plan de obras de corto plazo ante lo incuestionable de los hechos. Admitieron nuestras demandas de un sistema de Alerta Temprana,  microembalses o lagunas de retardo en los campos ubicados entre los ríos Ascochinga y Santa Catalina y obras de protección de las márgenes del río en el tramo urbano.
Luego de un aparatoso anuncio de los Ministros en la Sociedad Rural,  las obras comenzaron lentamente, a pesar de la urgencia por la inminencia de la temporada de lluvias. Esto motivó a los vecinos a solicitar al Tribunal que establezca las medidas cautelares,  que fueron admitidas.  Así, los magistrados  le ordenaron al Gobierno que:  1)  Implemente antes de fin de año el Sistema de Alerta Temprana y que se realice una campaña de capacitación a los vecinos;  2) Informe trimestralmente al Tribunal el avance de las obras comprometidas en las Audiencias,  para garantizar el derecho al acceso a la información pública; 3) En el plazo de diez días el Gobierno adjunte copias del Convenio suscripto por el Ministerio de Agua,  Ambiente y Servicios Públicos, en conjunto con la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la Cámara Argentina de la Construcción, para la realización de diques en la cuenca alta.
 Más allá de lo conseguido, preocupa ver que no se realizan trabajos de protección en muchos lugares, por ejemplo, desde la pasarela al puente Colón, sector oeste, en  Alto Los Molinos, Los Nogales y otros lugares donde la situación es sumamente crítica. Por otro lado, cabe preguntarse: ¿de qué nos sirve que el Sistema de Alerta Temprana logrado avise de una inminente creciente, sí no existe una Defensa Civil organizada con eficacia? La ciudad debe trabajar en protocolos de actuación precisos, públicos y planes de evacuación. Asimismo,  se necesita una ordenanza que establezca las zonas inundables de la ciudad, en las que no se permitan nuevas construcciones.
Los habitantes de la región debemos exigir que nuestros representantes inviertan los recursos públicos adecuadamente, acorde a un razonable orden de prioridades, y que finalmente se ejecuten los diques mencionados en las nacientes del río. Esos diques serán la solución definitiva y debe ser el objetivo por el que debemos luchar.  Solo así no tendremos que lamentar una nueva calamidad.
A partir de ahora, y ante el conocimiento de los hechos, causas y consecuencias de las inundaciones y su judicialización, con la evidencia de las obras que se deben realizar, nadie podrá aducir, para eludir responsabilidades, de que una nueva tragedia era algo imprevisible e inevitable. Eso sería ya pasar de la omisión a la negligencia.


Autor
Claudio Jose Minoldo

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