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Actuar bajo el imperio de la ley

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Aunque no sea cierto que las leyes tengan validez absoluta, sirven para reglamentar el ahora de una comunidad, de ofrecerles parámetros para poder convivir en armonía.

Hay una frase dicha que muchos intentan hacer ver como una verdad revelada: “a los argentinos nos cuesta cumplir con la ley”. Con esa sentencia, los argentinos nos transformamos en transgresores por naturaleza, incumplidores seriales, seres poco fiables, chantas, truchos, poco serios.
Pero lo cierto es que hay otras realidades que llevan a esta suerte de “rebeldía” ante la ley. Y a los ejemplos nos remitimos.
¿Quién no se sintió bastante estúpido tras pagar sus impuestos atrasados con sus respectivos intereses y enterarse, dos o tres semanas después, de que se lanza una moratoria que condona esos intereses y congela la deuda? Esa costumbre reiterada de perdonarle al incumplidor no hace más que alimentar el deseo de ser uno de ellos y beneficiarse también de esas prebendas.
Qué decir de la suerte que tienen en la Justicia algunos exfuncionarios que no pueden explicar el origen de sus fortunas y, sin embargo, andan por la vida como si hubiesen ganado todo en forma legítima y legal.
¿Han hecho una lista de cuántos de esos personajes están o estuvieron tras las rejas o cuántos de ellos devolvieron lo que se robaron o cuántos pagaron con sus bienes los daños que le causaron a la administración pública.
Aunque a la gente no le parezca alarmante la corrupción, es necesario recordar que todo dinero que sale de las arcas oficiales proviene de nuestros bolsillos y que todo ese dinero que no se reinvierte en hospitales, escuelas, cárceles, y termina en bolsillos de terceros representan un menoscabo a nuestros propios intereses.
Y en muchos otros órdenes de nuestra vida cotidiana ocurre lo mismo: hay leyes que hay que cumplir pero los responsables de velar por ellas son los primeros en violarlas. ¿O no es el Estado el primer responsable de generar trabajo en negro dentro de la administración? ¿O no están las administraciones públicas llenos de empleados que trabajan por contratos durante décadas cuando la legislación impide esas prácticas?
Lo mismo puede aplicarse al mérito o a la idoneidad. ¿Por qué tienen trabajos remunerados exageradamente en el ámbito público personas que no durarían un semestre en cualquier entidad privada? ¿Por qué no se cumplen los exámenes de ingreso o los concursos para ascensos de categorías en la administración pública?
Es tan abrumadora la cantidad de ejemplos en los que cumplir la ley no parece nada razonable que muchos conciudadanos tienden a pensar en que las leyes se han hecho para transgredirlas.
Llegará el tiempo (¿llegará el tiempo?) en que una nueva clase dirigente entienda que hay que hacer cumplir la ley, pero cumpliéndola primero ella. La salud integral de una comunidad depende en gran medida de que esos ejemplos sean cada vez menos extraordinarios.


Autor
Claudio Jose Minoldo

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