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Unánime pronuncimiento opositor al eventual hostigamiento laboral dentro del municipio

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En conjunto y por separado, cuatro excontendientes de la elección del 14 de junio se pronunciaron en contra de lo que, supusieron, podía configurar una “caza de brujas” entre los empleados.

César Seculini, secretario de Coordinación de Jesús María, explicó que las siete no renovaciones de contratos que operaron desde el 14 de junio a la fecha se enmarcan dentro de un proceso de “reestructuraciones permanentes que se vienen dando en el municipio”. Negó que haya habido “intencionalidad política” en esas decisiones.
Más allá de la explicación oficial sobre la desafectación de estos siete trabajadores, el hecho mereció el repudio público de quienes forman parte hoy del escenario opositor en Jesús María. Mauricio Brito, referente de la Izquierda Socialista, vía redes sociales hizo circular un comunicado en el que repudio los despidos y criticó que se haya contratado a Sergio Galleguillo si es cierto que el contexto de las no renovaciones también se enmarcan dentro de una política de recorte de gastos.
Más dura fue la postura de los excandidatos Luis Pastawski, Mario Bosco, y Luis Picat quienes firmaron en nombre propio y con el aval de autoridades de sus partidos una carta abierta a la ciudadanía.
“Nos oponemos a los recientes despidos ocurridos en el Municipio, ya que consideramos que la no renovación de contratos es un eufemismo que encubre una grave situación de precariedad laboral”, comienza diciendo el documento.
“Rechazamos -añaden- todo tipo de persecución, discriminación ideológica y/o política, como así también de segregación que impida la libertad de pensamiento y expresión en el ámbito del municipio”.
En la carta dejaron sentado que solicitarán al Concejo Deliberante la Banca del Ciudadano a fin de “plantear detalladamente estas situaciones e instar a sus miembros para que se expidan al respecto”.
Ante un pedido de informes de la UCR, el cuerpo de ediles  decidió enviarlo a la comisión de Legislación General durante la última sesión. Aunque el oficialismo no cuenta con el voto del concejal José María Brusasca, en esta oportunidad sumó el del concejal Néstor Kepcija y logró frenar el pedido de informe. De hecho, la amarga queja del radicalismo es que el Ejecutivo no contestó ninguno de sus últimos pedidos, pese a haber sido aprobados por mayoría.
De todas las rescisiones contractuales la que sonó más injusta fue la de Daniela Savorgnan, quien entregó sus últimos 11 años al servicio de la Torre Céspedes y cuyos oficios en defensa de ese patrimonio fueron incuestionables. Demostró que el municipio no tiene la más pálida idea sobre qué hacer con ese valioso bien ni tampoco un proyecto para protegerlo.


Autor
Claudio Jose Minoldo

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