David contra Goliath, el aparato del Estado contra un odontólogo, un contador, y un abogado, cinco contra tres, grande contra pequeño. Y, como en la historia bíblica, la primera parada fue para la hondera de David y la piedra fue tan certera que Goliath se retiró con la mano tapándose un ojo y pensando en que no se enfrenta a un enemigo menor sino que está ante un adversario firme, concreto, y convencido.
Todo este resumen para contar que a los amparistas Luis Pastawski y Gerardo Guirado, acompañados por el abogado patrocinante del amparo ambiental, Álvaro Vucovich, les fue muy bien en la audiencia conciliatoria que mantuvieron en la ciudad de Córdoba ante el vocal de Cámara Humberto Rodolfo Sánchez Gavier y la secretaria Letrada de Cámara, Susana Beatriz Osella, de la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación, lugar donde se sustancia el amparo ambiental colectivo que iniciaron 80 vecinos de Jesús María por los daños que el río Guanusacate generó después del 15 de febrero y del 3 de marzo.
Del otro lado del estrado, enfrentaron a los amparistas locales el secretario de Recursos Hídricos del gobierno de Córdoba, Edgar Castello, el secretario de Mitigación y Cambio Climático, Javier Britch, y tres abogados de Fiscalía de Estado y Procuración del Tesoro.
Los amparistas locales insistieron en la necesidad de que el juez haga lugar a las medidas cautelares que se solicitaron junto al amparo, especialmente, dos de ellas: la que solicita la instalación de un sistema de alerta temprana y la que pide un plan de intervención de corto plazo para evitar que en la próxima temporada de lluvias haya que lamentar más destrucción de viviendas.
Pusieron de manifiesto la necesidad de evitar que haya más víctimas fatales, tras recordarle al juez que las muertes de Arturo Maturano y de Mariana Di Marco se podrían haber evitado si hubiésemos contado con un sistema de alerta temprana.
Insistieron en el tratamiento completo de la cuenca, al señalar que no se está solicitando únicamente la intervención sobre el tramo urbano de Jesús María sino desde las nacientes en las Sierras Chicas hasta la Mar Chiquita.
Y le mostraron la preocupación genuina de algunos vecinos cuyas viviendas quedaron muy cerca de barrancos de diez metros de altura, mientras el agua no cede en su avance hacia ellas.
Los funcionarios provinciales esbozaron algunos intentos de defensa, pero con tan pocos elementos probatorios que, finalmente, obligaron al juez a brindarles un plazo de 20 días, que expira el 19 de junio, para que el gobierno presente cuál es el plan de intervención que tienen sobre la cuenca del Guanusacate.
Y quedó claro que hay varias cosas que no están claras, por ejemplo, la articulación con los esfuerzos que viene haciendo la Sociedad Rural junto a los consorcios canaleros, camineros, y de conservación de suelo, o del plan de ordenamiento de las cuencas hídricas que tiene a su cargo el ingeniero agrónomo David Torre.
Lo que sí se sabe es que no hay un estudio reciente ni completo de la cuenca del río Guanusacate, ni tampoco un estudio completo para la instalación de un sistema de alerta temprana, estudios que podrían costar varios millones de pesos y que demandarán muchas horas hombre.
Pero está visto que sin la intervención de la Justicia, probablemente, la oportunidad para esos estudios se vería aplazada hasta tanto un gobierno se digne a prestarnos atención.
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