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Colonia Caroya tendrá productos agrícolas con trazabilidad

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El Municipio cuenta con una nueva y extensa ordenanza que apunta a fiscalizar todo el proceso productivo. 

Por: Leonardo Rossi (De nuestra redacción)

Sobre el cierre del año el Departamento de Desarrollo Rural y Ambiente se despachó con un extenso y ambicioso proyecto, finalmente convertido en ordenanza por el Concejo Deliberante caroyense. La norma denominada “de Buenas Prácticas Agrícolas” busca unificar criterios para políticas que hasta ahora se realizan de forma parcial. Desde el más mínimo detalle en la siembra hasta el momento de la venta están contemplados en la nueva regulación que se implementará de forma gradual para alcanzar los objetivos fijados dentro de tres años.
La ingeniera agrónoma Mariela Puerta explica a Primer Día que “a partir de este fin de año el Mercado Central de Córdoba comienza a exigir” este orden en la producción. Al entender que Colonia Caroya “puede llegar a ser un futuro cinturón verde por la cercanía a Córdoba y por sus características es importante fortalecer estos aspectos”, que incluyen control de semillas, agroquímicos, fertilizantes, seguridad e higiene laboral, infraestructura y comercialización, entre otros.
El proyecto fue pensado para aplicarse en un lapso de tres años. “Es un proceso lento y gradual donde se tiene que hacer un seguimiento muy cercano con los productores para ir ayudándolos”, apunta la técnica de Ambiente. Y especifica que el principal objetivo “es que los productores obtengan un producto inocuo y con trazabilidad”, lo que “permite al consumidor conocer todos los pasos por los cuales pasó ese producto y darle confiabilidad a lo que consume”.

Trabajo e insumos 
Dentro de los 129 artículos de la ordenanza se contempla toda la cadena productiva. El espíritu de la normativa es “proteger la salud de la población y mejorar la calidad de los alimentos” y para eso se deben “reducir los riesgos microbiológicos, físicos y químicos en la producción primaria”, fundamenta el texto.
  Para alcanzar estas metas se habilitará un registro de productores de frutas, hortalizas y aromáticas  a nivel municipal; se brindarán recomendaciones específicas  para las prácticas generales de higiene; se establecerán  pautas de trabajo tendientes a preservar la seguridad y salud de las personas involucradas en la cadena de producción. En el caso de los trabajadores   “deben recibir capacitación adecuada y continua acerca de las tareas en las que intervienen, entre ellas manipulación de alimentos, seguridad e higiene personal, manejo seguro de fitosanitarios y de equipamientos y maquinarias peligrosas” y “los productores deben cumplir con horas mínimas de asistencia”, según precisa el artículo 49.
El objetivo final a los tres años de su plazo “es el otorgamiento del sello de calidad de los productos obtenidos por parte del Departamento de Desarrollo Rural y Ambiente, a aquellos productores que cumplan con las exigencias especificadas en dicha ordenanza”, especifica la norma. Un ejemplo de lo que debe contemplarse en el proceso de producción es la gestión del recurso hídrico. El artículo  12 insta a “garantizar que el agua a usar en la explotación no comprometa la inocuidad del producto, por ende se deben realizar los análisis necesarios para determinar su composición y las características químicas y físicas de la misma”. En otras palabras se debe descartar el uso de agua que pueda verse afectada por desechos de viviendas, industrias o feed-lots, por ejemplo.
Un espacio extenso de la ordenanza está dedicado al impacto de los diversos insumos agropecuarios sobre el ambiente, como  los agroquímicos y fertilizantes. Sobre estos últimos se llama a usarlos “racionalmente, previa determinación de las necesidades de los cultivos y la disponibilidad en el suelo”. El articulado no es ambiguo en ese sentido y manifiesta que “la aplicación excesiva de fertilizantes referida a la frecuencia y dosis, provocara que estos elementos sean arrastrados por el agua, por escurrimiento y lixiviados en profundidad con el resultado de alteraciones físicas y químicas del suelo, pudiendo además ser causantes de contaminación de aguas subterráneas”.

El último eslabón
Sobre la última parte del articulado, se explica que los productos obtenidos “tendrán una trazabilidad que permita identificarlos, conociendo su origen y todos los pasos y labores realizados desde la siembra hasta la cosecha, empaque y posterior transporte para su comercialización; lo cual estará en concordancia con el sistema de registros” (artículo 110). Esos datos serán corroborados por el área de Ambiente en la feria franca y en las verdulerías de la ciudad a modo de cubrir todo el proceso antes que un producto llegue a manos de un consumidor.
La propuesta es ambiciosa. Con el correr de los meses se pondrá a la vista qué posibilidades técnicas y humanas tiene el Municipio para controlar todas estas pautas. Por otra parte habrá que verificar qué grado de adecuación pueden alcanzar los distintos tipos de productores, trabajadores y comerciantes, según su escala, recursos, voluntad y acompañamiento por parte del Estado.


Autor
Claudio Jose Minoldo

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