Que el peaje sobre la ruta 9 norte siga a 6 pesos, cuando en otros corredores se paga 10, y que se esté construyendo la autovía Córdoba-Jesús María no es producto de la generosidad de un gobierno provincial sino de la airada protesta que encabezaron las instituciones más representativas de la región y las propias comunidades.
El malestar fue manifiesto en tantas oportunidades que el propio gobernador accedió a firmar los decretos correspondientes durante la edición 66 de la Exposición de la Sociedad Rural de Jesús María.
Antes de eso, se había logrado que las autoridades de Caminos de las Sierras mantengan el precio de seis pesos para el peaje sobre la ruta 9 norte bajo el argumento de que cobrar más por el estado de esa importante vía de comunicación sería un “robo”.
Todo eso demuestra que la energía del reclamo y la unión de voluntades son directamente proporcionales a las respuestas que brindan quienes están al frente de un gobierno.
Con ese mismo eje rector, por estos días se está tramitando la reconstrucción de la ruta E-66 que nos comunica con Ascohinga porque su estado es lamentable y porque los accidentes de tránsito se vienen sucediendo con una regularidad que asusta.
Hasta ahora, la modalidad viene dando resultados en la gestión sobre obra pública, pero ojalá que se pudiese trasladar a otras áreas en las que los grupos no tienen esa misma fuerza.
Ojalá se utilizará para hacer cumplir la legislación que obliga a garantizar la igualdad de acceso a las personas con movilidad reducida. O para que funcionen gabinetes de atención interdisciplinaria para niños, niñas y adolescentes dentro del marco de la ley vigente.
O para que se resguarde el patrimonio arquitectónico, histórico, y urbanístico de las comunidades. Incluso, para que tengamos una región más amigable con el ambiente y con el futuro de nuestros hijos.
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