Por: Leonardo Rossi (De nuestra redacción)
El espacio donde las familias dejan a los más pequeños no es un depósito, no es un lugar X para guardar un objeto Y. Es decir, “no es una guardería”. Con esa mirada, que comienza en lo simbólico y apunta a cuestiones prácticas más profundas, la concejal Verónica Búa avanza en un proyecto de ordenanza para modificar la actual norma 3.124 que regula a esas instituciones en Jesús María. Cuestiones como la inclusión de niños con discapacidad, mayores exigencias de seguridad y lineamientos pedagógicos alienados con las leyes provinciales y nacionales son algunos de los puntos que la edil busca plasmar.
“Estamos pensando en un marco de cuidado, desarrollo e integración de los niños, no en un lugar donde un padre que trabaja deja a su hijo y listo”, plantea en referencia a las más de diez instituciones que hoy brindan ese servicio en la ciudad. Bua sugiere amalgamar la legislación local con las perspectivas descriptas, por ejemplo, en la ley provincial 9.870. En su artículo 28 define que la educación inicial promoverá “el aprendizaje y desarrollo de las niñas y niños como personas sujetos de derecho y partícipes activos de un proceso de formación integral, miembros de una familia y de una comunidad”. En esa dirección se estimulará “su capacidad creativa y el placer por el conocimiento en las experiencias de aprendizaje”. Estas líneas de trabajo, que deben abarcar a niños de 45 días a cinco años, deben fortalecer “la capacidad de expresión y comunicación a través de los distintos lenguajes, verbales y no verbales: el movimiento, la música, la expresión plástica y la literatura”.
Como norma madre, Bua también contempla “los conceptos de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes” (26.061), que en su artículo 15 refiere al derecho a la educación de todas las niñas y niños “atendiendo a su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía, su formación para la convivencia democrática y el trabajo”, sin dejar de respetar “su identidad cultural y lengua de origen, su libertad de creación y el desarrollo máximo de sus competencias individuales”. Es decir, potenciar la diversidad.
Pedagogía, seguridad, profesionalismo

Otros puntos sensibles a trabajar tienen que ver con la seguridad. “Queremos que los simulacros de evacuación sean obligatorios y no voluntarios; que se incluya el laminado de vidrios obligatorio; contemplar un espacio mínimo por niño que sea calculado por Bomberos en función de cada edificio”.
A la cuestión pedagógica y de seguridad, se suman aspectos que involucran específicamente a las y los trabajadores de estas instituciones. Por un lado, Bua entiende que es necesario “incluir a los auxiliares en la legislación”, ya que cumplen una “tarea fundamental”, en la asistencia de las docentes. Y por otra parte, señala que “deberá eliminarse la posibilidad de que las docentes puedan medicar a los chicos con autorización de los padres, algo que hoy está permitido”. “Eso hay que sacarlo, no se puede medicar a los chicos bajo ningún aspecto.”
Discusión en marcha
A partir de algunas observaciones de madres y padres sobre el estado de este tipo de instituciones y de su propia experiencia familiar, Bua trabaja desde hace un año en esta iniciativa. Ya ha comenzado a abordar la temática junto con docentes, administraciones de los jardines, como así también con otras representantes claves del ámbito político como Alejandra Caverzacio, directora del Instituto Integral de Protección a la Niñez –Guardería Municipal—y la titular del Concejo Deliberante Analía Viel. En la agenda de este año tiene como objetivo obtener la sanción de este proyecto, que como explica “ya está en proceso”.
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